La comisión de Igualdad del Congreso de los Diputados aprobó ayer con los votos del PSOE y del resto de formaciones de izquierda del hemiciclo una proposición para la despenalización del aborto que toma como punto de partida las conclusiones elaboradas por la subcomisión de expertos encargada de presentar propuestas para su reforma. El ordenamiento vigente sólo acepta la interrupción voluntaria del embarazo en tres supuestos: la violación (hasta las 12 semanas), la malformación del feto (hasta las 22 semanas) y el grave riesgo para la vida o la salud física o psíquica de la mujer (sin plazo temporal). Pero esta restricción no implica que se restrinja el número de abortos, pues muchas mujeres (el 97%) han utilizado como asidero el peligro para su salud psíquica para cortar su gestación, y, por cierto, lo han hecho tanto con gobiernos del PSOE como con ejecutivos del PP. La nueva ley que promueve Igualdad persigue que las mujeres no tengan que buscar este ardid legal para interrumpir su embarazo, y para eso se apuesta por una estrategia que parece revestida de sensatez: la homoplogación de la legislación española a la de la mayoría de los países de la Unión Europea. Así, se decanta por una ley de plazos que permite que todas las mujeres puedan abortar libremente hasta un plazo determinado de gestación, que podría ser de 14 semanas ampliables hasta 22 en los casos de malformación o grave riesgo para la salud de la madre. La reforma aportaría mayor seguridad jurídica y dejaría en las mujeres, y no en un tercero, la responsabilidad sobre su decisión. Pero lo más importante es que permitiría una despenalización de esta práctica, algo en lo que hay un cierto consenso en la sociedad española, que podrá estar o no de acuerdo con la reforma de la ley del aborto pero que sí comparte en buena medida la creencia de que no se le debe aplicar el Código Penal a una mujer que decida interrumpir su gestación.
