Reino Unido anunció ayer que indemnizará a 16 ex presos sospechosos de terrorismo que demandaron al Gobierno británico por su supuesta complicidad en las torturas que sufrieron en Guantánamo y otros centros de detención al haber alcanzado un acuerdo extrajudicial con los abogados de los denunciantes.
Así lo señaló ayer el ministro británico de Justicia, Kenneth Clarke, en una intervención ante la Cámara de los Comunes, en la que aclaró que ese acuerdo no implica "admisión de culpabilidad" por parte del Ejecutivo pero que, en cambio, "ayudará a allanar el camino hacia el comienzo de una investigación". Algunos de los querellantes, todos ellos ciudadanos o residentes en este país, permanecieron retenidos en el centro de detención de la base naval estadounidense de Guantánamo (Cuba).
Seis de ellos acusaron a las fuerzas de seguridad británicas de complicidad en las torturas a las que fueron sometidos en los interrogatorios sufridos antes de llegar a Guantánamo. La alternativa al pago de compensaciones que realizará el Ejecutivo británico a los 16 ex reclusos podría haber "comprometido la seguridad nacional" y habría resultado, según explicó ayer el titular de Justicia, en un proceso "largo y extremadamente caro", con un coste estimado de entre 30 y 50 millones de libras (entre 35 y 58 millones de euros). "Hemos pagado ese dinero para poder avanzar", subrayó Clarke sobre un acuerdo que representa, a la vez, "un paso adelante significativo para poner en práctica los planes del Gobierno de llegar a una resolución en estos asuntos por el interés de la Justicia y de la seguridad nacional".
El primer ministro británico, David Cameron, "ha aclarado repetidamente que su Gobierno de coalición de conservadores y liberal demócratas continúa inquebrantable en su oposición a la tortura o a la vejación de prisioneros o detenidos", según apuntó ayer Clarke. Por su parte, los servicios de inteligencia británicos, el MI6 y MI5, que han negado en todo momento haber sido cómplices o tolerado el empleo de la tortura, consideraron que el acuerdo anunciado hoy permitirá a ambos organismos "concentrarse en la protección de la seguridad nacional", según indicaron en un comunicado.
Entre los ex reclusos que denunciaron al Gobierno por esos maltratos figuran Bisher al-Rawi, Jamil el Banna, Richard Belmar, Omar Deghayes, Binyam Mohamed y Martin Mubanga, que acusaron a los servicios de inteligencia británicos y tres departamentos del Gobierno de complicidad en las torturas con EEUU y de no haber tomado medidas para evitarlas.
En el caso concreto de Binyam Mohamed, de 32 años de edad y vecino de Londres, tras ser detenido en Pakistán en el año 2002 y antes de que los norteamericanos le trasladasen a Marruecos, el ex recluso fue sometido a salvajes torturas, antes de ser enviado a Guantánamo, según denunciaron sus abogados.
contra bush. Esta noticia coincide con la petición de la principal y más antigua organización estadounidense de defensa de los Derechos Humanos, la Asociación Americana de Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés), de solicitar al fiscal general de Estados Unidos, Eric Holder, el procesamiento del ex presidente George W. Bush por haber violado las leyes norteamericanas contrarias a la tortura. En un comunicado, la ACLU recordó ayer que Bush reconoció, en su reciente libro de memorias, Decision Points, que había "aprobado el uso de técnicas de interrogatorio" ilegales, incluido el llamado submarino (un tipo de ahogamiento simulado), para obtener informaciones que "salvaron vidas". Los dos casos reconocidos por el ex presidente de EEUU fueron los de Abu Zubaydah, un miembro de Al Qaeda que fue sometido al ‘submarino' más de 80 veces, y Jalid Sheij Mohamed, detenido en marzo de 2003 y sometido en 183 veces a este mismo método de interrogatorio.
