Iñaki Gabilondo
La defensa de Manuel Ruiz de Lopera, antiguo máximo accionista del Betis, ha pedido al juzgado que investiga un delito societario en la gestión del club que se deduzca testimonio a los peritos judiciales por un delito de falsedad y que se retire el informe de éstos de la causa.Este nuevo escrito de alegaciones, al que ha tenido acceso Efe, consta de 189 páginas y en él, con el mismo argumento, el abogado de Lopera también solicita a la juez que "se dejen sin efecto las resoluciones adoptadas" contra su cliente que tengan su fundamento en dicho informe pericial, "sin perjuicio de que sobre las mismas pendan resoluciones de la Audiencia Provincial" al estar recurridas.
Además de aportar seis documentos, basa su solicitud en que el contenido de dichas alegaciones recoge "la manifiesta probabilidad" de que los peritos judiciales hayan incurrido en un delito de falso testimonio en la pericial, lo que "hace necesaria la incoación de diligencias previas para investigar y esclarecer" esa actuación.
En su escrito, presentado ayer, la defensa de Lopera afirma que las manifestaciones de los peritos, tanto en su informe como cuando lo ratificaron en octubre en el Juzgado de Instrucción 6 de Sevilla, "ofrecen numerosos y claros indicios de contradicción entre lo que han pretendido hacer pasar como cierto y la realidad, situándose por ello fuera del ámbito de lo discutible u opinable".
Lopera asegura que los peritos judiciales que han examinado las cuentas del Betis han "ocultado o tergiversado" en su informe "hechos concretos y datos específicos de indudable relevancia" para la causa, y que son detallados en el nuevo escrito presentado, y en ello "puede descartarse la concurrencia de error o descuido".
Por ello, "son atribuibles indiciariamente a un propósito deliberado y consciente de falsear u ocultar todo aquello que pudiera resultar favorable" a Lopera, alega su letrado, para quien el escrito expone "numerosos, variados y determinantes indicios de que los peritos designados han faltado maliciosamente a la verdad".
Recuerda que el informe no se ratificó hasta casi siete meses después de ser evacuado en marzo y "ha surtido efectos procesales gravísimos e irreversibles en la presente causa" a su representado, al servir "de base y fundamento de numerosas resoluciones dictadas en la confianza de la veracidad de sus conclusiones".
En especial, se refiere a los 25 millones de euros que le impuso como fianza la juez de instrucción 6 y a la intervención judicial del paquete de acciones de su propiedad del Betis, por lo que en su nuevo escrito de alegaciones -el cuarto que presentan- vuelve a solicitar que se dejen sin efecto esas medidas cautelares adoptadas con base en el informe pericial y que éste se retire de la causa.
Según el escrito, la ratificación del informe dejó "patentemente acreditado, tanto por lo que los peritos manifestaron en él como por lo que han dejado de explicar, no sólo la falta de imparcialidad, objetividad y rigor que esta parte había denunciado y justificado" en sus anteriores alegaciones, "sino también hasta qué punto cabe excluir que tales deficiencias obedecieran a meros errores o discrepancias de interpretación de los peritos".
"Es decir, hasta qué punto los peritos se han situado fuera de lo opinable o susceptible de distinta interpretación", añade.
También precisa que en dicho acto "nada menos que 37 de las 82 preguntas" formuladas por la defensa de Lopera "fueron declaradas impertinentes" por la juez, "una tasa de más del 45%", circunstancia que "pone de manifiesto la permanente limitación del derecho de defensa que esta parte viene sufriendo" en toda la causa "y de la que la masiva declaración de impertinencia es una muestra más".
En su informe, los dos peritos, ambos inspectores de Hacienda, han cifrado en 12,9 millones de euros el perjuicio al Betis causado por la gestión de Lopera entre 1993 y 1998, y tienen pendiente de entregar una segunda parte desde dicho año hasta el presente.
