Lopera, en su última visita a los juzgados, en octubre.
La alegría que la Audiencia Provincial dio a Manuel Ruiz de Lopera al excluir todo lo ocurrido en 1992 de la instrucción de la causa que lleva el juzgado número 6 de Sevilla le ha durado justo un mes al máximo accionista del Betis. Los dos peritos de la Agencia Tributaria que durante el último año y medio han estado escudriñando las cuentas del club ya han entregado a la jueza Mercedes Alaya el primero de sus informes, que abarca el periodo 1993-1998, y su principal conclusión es que la gestión de Lopera y la interposición de Tegasa provocaron un perjuicio económico al Betis que los técnicos cuantifican en casi 12,5 millones de euros (12.407.807,33 para ser exactos) sólo en esos seis años.La cantidad resulta de sumar los algo más de 2 millones de euros que obtuvo Tegasa "como consecuencia de la actividad ordinaria del Betis" entre las temporadas 93-94 y 98-99; los 1,1 millones que logró como "ingresos financieros obtenidos de la gestión de tales recursos"; los 1,2 millones que se quedó del traspaso de Roberto Ríos al Athletic en virtud de un "anexo" por el que la sociedad se reservaba el 10% de la cláusula de rescisión de cualquier futbolista que fuese vendido (la del vasco era de 2.000 millones de pesetas, 12 millones de euros); otros 1,2 millones que no devolvió Farusa del dinero que cogió para pagar el famoso paquete de 36.868 acciones que permitió a Lopera convertirse en accionista mayoritario; y 2,9 millones que empleó el entonces presidente para pagar la multa que le impuso la Justicia por delito fiscal. Salen 8,56 millones, pero los peritos les añaden la "indemnización por intereses moratorios". Los 12,4 millones bajarían a 10,1 "si se produjera la restitución de los títulos" que Farusa compró con dinero del Betis.
El informe fue muy criticado por el Betis, que lo considera fruto de "un análisis imparcial e incompleto", pero ha hecho muy felices a los grupos contrarios a Lopera porque confirma sus sospechas de que el máximo accionista se valió de Tegasa para desviar fondos del club. La verdad es que los inspectores son muy explícitos en sus conclusiones. "... dando la apariencia de que esta entidad habría venido a garantizar la viabilidad económica del Betis, cuando la realidad ha sido lo contrario, es decir, que ha sido el Betis quien ha garantizado la viabilidad de Tegasa; o dicho de otra forma, el Betis no necesitaba a Tegasa para su funcionamiento como club de fútbol y sí Tegasa necesitaba al Betis para obtener beneficios [...]. Tegasa no ha realizado actividad económica alguna diferente de la gestión de los recursos del Betis, en consecuencia difícilmente podría garantizar la viabilidad del Betis, al tiempo que tampoco disponía de fondos propios para cumplir tal función de garantía. En consecuencia, la garantía que haya podido prestar Tegasa no es otra que la propia garantía del Betis, generador de los recursos garantizados [...]. El control de Tegasa es ejercido por Manuel Ruiz de Lopera [...], lo que vendrá a suponer la conjunción en su persona de una confusión de intereses: los del Betis con los suyos particulares. [...] La manera que tuvo el señor Ruiz de Lopera de llevar a cabo una gestión privada de los recursos económicos del Betis fue la interposición de Tegasa, privando al resto de los accionistas del Betis del conocimiento de la gestión económica de los recursos propios del club". Así se expresan los peritos en varios momentos de su informe, para luego sentenciar que Lopera "hizo propios, por medio de Tegasa, recursos generados por la actividad deportiva del Betis que de no haber existido la interposición de Tegasa hubieran estado en el patrimonio del club".
En otro momento de su extensísimo informe (274 páginas), los peritos hablan de un saldo a favor de Tegasa de 336 millones de pesetas. "Este saldo no lo ha revertido en modo alguno al patrimonio del Betis [...]. Por el contrario, sí ha sido utilizado por Tegasa para financiar gastos o bienes de inversión propios", dicen los expertos. Lo que se financió con ese dinero, entre otras cosas, fueron las obras de remodelación de la casa de Lopera para instalar allí las oficinas del club y la financiación de las acciones que adquirió Farusa. Siempre según los peritos, Tegasa obtuvo recursos por valor de 4.384.600,12 euros entre 1993 y 1999.
En el último párrafo, los peritos defienden su trabajo "sin perjuicio de que se pudiera demostrar lo contrario o que del análisis de las temporadas 1999-2000 a 2006-07 se dedujera algún ajuste no analizado a fecha". Se debe el matiz a que este informe se refiere sólo al primero de los tres quinquenios objeto de estudio por los peritos (1993-2008), en concreto el de la vigencia del contrato con Tegasa. Falta por analizar la etapa en que Encadesa sustituyó a Tegasa (1999-2007), un dato que precisamente fundamentó parte de la protesta del Betis.
EL BETIS, CONTRA LOS PERITOS. Pocas horas después de que trascendiese el informe pericial, el máximo accionista reaccionó pero no en primera persona, sino a través de un comunicado sin firma inserto en la web del club. La nota se ceba con los peritos, rechaza sus conclusiones "por infundadas y carentes de rigor" y anuncia el estudio de "la depuración de las eventuales responsabilidades, penales o civiles, en que pudieren haber incurrido" los inspectores.
También considera el Betis que el informe se basa en "un análisis parcial e incompleto" del vínculo entre el Betis y Tegasa y Encadesa porque no tiene en cuenta la liquidación de esas relaciones contractuales y sólo abarca seis años. Los peritos, según el comunicado, "no han tomado en cuenta todos los hechos y documentos puestos a su disposición desde hace casi dos años".
Hay más ataques a los peritos a cuento del 92: "Resulta incomprensible y censurable que, despreciando absolutamente las resoluciones de la Audiencia Provincial y de la propia juez instructora, dediquen parte del informe a la adquisición por Farusa de su paquete de acciones [...] y que además realicen afirmaciones radicalmente falsas y contrarias a los hechos declarados probados por la Audiencia Provincial [...]. El informe contiene valoraciones subjetivas y realiza imputaciones carentes de un mínimo fundamento y rigor".
