Por la cabeza de José Manuel Soria pasan muchas de las más importantes y trascendentes decisiones que toma el Gobierno. No en vano, es ministro de Industria, Energía y Turismo y a él competen asuntos que van desde ayudas a la empresa hasta el polémico recibo de la luz o las prospecciones petrolíferas en Canarias pasando por la minería, el futuro de las centrales nucleares, las telecomunicaciones y todo lo relativo a desarrollo y regulación turística. Casi nada. Nos aseguran que no es raro que las 12 de la noche le sorprendan trabajando en su despacho del Paseo de la Castellana o en cualquier viaje de los muchos que hace a lo largo del año. Nos recibe a las 9.30 de la mañana con el tiempo medido; una hora para contestar a muchas y muy variadas cuestiones.
Después de casi tres años en el Gobierno, ¿de qué aspectos de su gestión al frente de este Ministerio se siente más orgulloso? La aportación más importante es conseguir sentar las bases de la recuperación con un fortalecimiento de la industria, con una estabilidad en el sistema energético, en los precios de la energía, con una mejora en las condiciones generales para invertir en telecomunicaciones y con una mejora muy sustancial en el sector turístico.
Entre sus mensajes está en reindustrializar España para hacer un país más competitivo. ¿Pero no cree que esa competitividad está cayendo en las espaldas de los trabajadores, de sus sueldos, de sus condiciones laborales? Es verdad que una buena parte de la ganancia de competitividad ha venido dada por una mejora de los costes laborales unitarios, consecuencia de la reforma laboral que hemos llevado a cabo. Pero no toda la competitividad es esto; son también los costes financieros y los costes de la financiación internacional de la economía española. En estos momentos, la financiación internacional española está por debajo del 3 %, llegó a estar por encima del 7,5 %. La prima de riesgo hoy está aproximadamente en 150 puntos básicos y llega también mayor flujo de crédito a la pequeña y mediana empresa. La competitividad laboral es una parte, pero no lo es todo.
El Gobierno habla de recuperación, pero gran parte de la población no la percibe. Y la pequeña y mediana empresa, que son las que sostienen este país, parece que tampoco. Tengamos en cuenta que 2012 fue de unos ajustes muy grandes en la economía española. En 2013 continuó ajustándose, pero tanto el 2012 como el 2013 fueron años de recesión de la economía y de caída en la actividad económica. En 2014 por primera vez va a crecer el país después de muchos años por encima del 1 %, aproximadamente un 1,2 %, y eso ya va a permitir crear empleo neto.
Un gran éxito de nuestra industria ha sido Renault. Allí, gracias al entendimiento entre la empresa, los sindicatos y los Gobiernos central y autonómico se ha podido mantener una producción que de no haber sido así hubiese puesto en peligro la planta de Valladolid. ¿Se podría extender este ejemplo a otros sectores estratégicos de nuestra economía? Sí, de hecho se está trasladando a otras. En el sector del automóvil probablemente tengamos uno de los paradigmas de lo que es llegar a acuerdos entre trabajadores y empresa, porque se ha dado en Renault, pero también en Ford, Opel, Nissan, Mercedes o Iveco. Y también se están llevando a cabo estos acuerdos en sectores, por ejemplo, como el naval.
Cambiamos de tercio. ¿Cree que la multa de 18,4 millones a Nuclenor por cerrar Garoña sin autorización puede condicionar el que la empresa no se plantee mantenerla abierta? Es una cuestión que solo incumbe a la empresa. La sanción evidencia que a criterio del regulador el cierre hecho en su día fue contrario a ley.
En cualquier caso, ¿no le parece que está siendo muy injusto lo que están sufriendo los vecinos de los pueblos afectados por el hipotético cierre de Garoña? Los vecinos deben tener la plena seguridad y certeza que el Gobierno apuesta por la continuidad del reactor nuclear de Santa María de Garoña por muy distintas razones que van desde el punto de vista de mantener un equilibrio en el mix energético hasta el punto de vista de la actividad. Pero también tienen que saber que la opinión del Gobierno siempre estará condicionada a consideraciones de seguridad nuclear. Si el Consejo de Seguridad Nuclear determina que Garoña, en determinas condiciones que suponen inversiones adiciones por parte del operador, puede seguir funcionando durante un número de años, el Ejecutivo no va a tener ningún prejuicio ideológico.
Pero las empresas propietarias de la central aseguran que, con la nueva normativa y con las inversiones adicionales que les obligan ustedes a hacer, el futuro de Garoña no es viable. Nuestra posición sigue siendo exactamente la misma antes en la oposición y ahora en el Gobierno; siempre que se cumplan las condiciones que establezca el Consejo de Seguridad Nuclear (CSN) el Ejecutivo es partidario de que continúe. Ahora bien, si después del accidente de Fukushima el CSN determina que hay que aumentar la seguridad y eso requiere inversiones, pues las empresas tendrán que hacerlas. Malo sería que el CSN pusiera sobre la mesa unos requisitos y que el Gabinete no los exigiera; rozaría la irresponsabilidad por nuestra parte. Así que hay que ser muy claro. No hemos tenido ningún tipo de complejo a la hora de tomar decisiones de esta naturaleza siempre que estén dentro del marco de la seguridad nuclear. No los tuvimos, por ejemplo, a la hora de decidir la localización del almacén temporal centralizado, que está en Villar de Cañas a pesar de que era un tema que venía de atrás y que solo estaba pendiente de la decisión del Consejo de Ministros.
¿Está enterrado el proyecto que propuso el Gobierno de Zapatero de reindustrialización de la comarca si se cierra Garoña con, entre otros aspectos, la creación de un parador nacional? Es difícil que se puedan proyectar nuevos paradores porque es una empresa de ámbito público cuya la prioridad no es abrir nuevos establecimientos, sino que los que ya existen sigan siendo una de las referencias turísticas de más calidad. En cuanto a las prioridades del Gobierno para Garoña es que la central siga abierta y solo en el caso de que eso no llegue a ser una realidad nos plantearíamos otras alternativas.
Y si problemática es la situación de Garoña, dramática es la de las minas de carbón. El nuevo plan del carbón garantiza la viabilidad hasta 2018 a estas explotaciones, pero ¿por qué cerrar algo a partir de esa fecha que puede seguir siendo rentable? En este asunto, partimos de una decisión de la Unión Europea que establece que todas las explotaciones mineras que hayan recibido ayudas tienen que cesar su actividad el 1 de enero de 2019. Pensamos que no tiene mucho sentido dar ayudas a las minas para la competitividad y cerrarlas una vez que se ha logrado que sean competitivas. Por tanto, la defensa que el Ejecutivo ha hecho desde el principio de esta legislatura en Europa es que no tiene ningún sentido cerrar aquellas explotaciones que tras 2019 sigan siendo competitivas sin necesidad de ayudas.
¿Se reactivarán las ayudas a las comarcas mineras en un futuro próximo? ¿Por qué no se están respetando condiciones de jubilaciones, por ejemplo? Les acusan de estar paralizando el Plan del Carbón. Puedo decir que el decreto de prejubilaciones y el de inversión en infraestructuras está solo pendiente del informe del Consejo de Estado y que, si llega en los próximos días, muy probablemente antes de finales julio estará aprobado.
¿Y eso qué va a suponer? Que las ayudas van a ser canalizadas en los términos que fueron pactadas en el acuerdo de octubre de 2013 entre los representantes de los trabajadores, las empresas y el Ministerio.
Usted dijo que las eléctricas van a devolver 25 euros de media por familia por lo que han cobrado de más en el primer semestre. ¿Cuándo se va a devolver? La media será de 25 euros, pero eso es una media, no quiere decir que cada cliente vaya a percibir 25 euros. De hecho hay ya muchos ciudadanos que, en la facturación de abril y mayo, han empezado a percibir una devolución por lo que pagaron de más. Dependiendo de lo que haya consumido y haya pagado así se devolverá
¿Por qué tienen que devolver dinero las eléctricas? El Gobierno lo que hizo para el primer trimestre de este año fue fijar por decreto un precio de la electricidad, 48 euros por megavatio. Antes se fijaba en una subasta, pero nosotros anulamos ese sistema porque vimos que en la última subasta, de diciembre de 2013, se generaban distorsiones y que había una serie de circunstancias atípicas, como las denominó la Comisión Nacional de Mercados y Competencias. Por lo tanto, consideramos que la subasta era ineficiente y, además, suponía un coste superior para el consumidor. Para que se hagan una idea, en la subasta que se anuló en diciembre se fijó un precio de 62 euros. El Gobierno la anuló y lo fijó en 48 euros y, al mismo tiempo, se determinó que si el precio era superior habría que refacturar y si era inferior se devolvía.
Pero es que hay desconcierto entre los consumidores al no entender cómo qué se les factura. Hay varias modalidades de facturación. Desde el 1 de abril que entró en vigor el nuevo sistema de precios la mayoría de los consumidores pagan el llamado Precio Voluntario del Pequeño Consumidor. A su vez, dentro de esta modalidad, hay dos variantes. Si usted tiene un contador inteligente y está interconectado con la comercializadora, le cobrarán el precio real que corresponda a cada momento de consumo. Pero como todavía hay muy pocos contadores y los que hay no están interconectados, el precio que se cobra es el coste medio de mercado.
¿Entonces, con el mismo consumo, una persona que tenga contador inteligente no estará pagando lo mismo que otro que no lo tenga? El contador inteligente se empezó a instalar hace dos años y medio y tenían que estar todos instalados a finales de 2018. Pero los contadores inteligentes se empezaron a poner para modernizar el sistema de contadores no para medir el consumo hora a hora por lo que no están interconectados. En unos meses esas disposiciones estarán listas.
Han pasado seis meses desde que acusó a las compañías eléctricas de manipular la subasta para la creación de precios. ¿Qué nos puede aportar de nuevo al respecto de esa investigación? En primer lugar hay que distinguir entre lo que ocurrió a principios de diciembre de 2013 y lo que ocurrió el día de la subasta que fue el 19 de diciembre de 2013. A principios del mes de diciembre de 2013 se observan alteraciones inusuales en los precios del mercado. Cuando empieza la investigación el regulador es el 9 de diciembre y está muchos meses investigando, y a resulta de esa investigación hace exactamente 20 días incoa un expediente, y lo que ha visto, dice, es que después de seis meses investigando, lo que dice es que no le lleva a conclusiones definitivas, pero sí a suficientes como para abrir un expediente, incoar un expediente y profundizar, porque creen que puede haber habido una alteración de precios que es una falta grave de acuerdo al artículo 60 de la Ley del Sector Eléctrico.
¿Cree que habrá sanciones? No sé es cuál será el resultado de ese expediente, pero lo que sí sé, porque lo ha dicho la Comisión, es por qué se ha incoado el expediente. Si se confirma, sería una infracción muy grave y habría sanciones.
Para muchos ha sido una sorpresa conocer que existe un déficit de tarifa del gas. En los próximos 15 años han dicho ustedes se van a ir pagando los 600 ó 700 millones de déficit con los que va a acabar el 2014 y a partir de aquí lo quieren atajar. ¿Eso va a suponer que los consumidores empiecen a pagar más? En el sector del gas había un riesgo de que ocurriera lo mismo que ocurrió en el sector eléctrico. Así que teniendo en cuenta que en el 2013 ya había en el sector gasista 400 millones de déficit y que este año iba a acabar con otros 400 millones más, hemos tomado medidas; son medidas encaminadas en primer lugar, a atajar ese déficit que ya hay, y en segundo lugar, a evitar que siga apareciendo más déficit cada año. Como ya hemos tomado medidas este 2014, el déficit de este año no será de 400 millones, sino que estará entre los 200 y 300 millones.
¿Para cuándo una reforma del gas? ¿Qué temas de este ámbito quedan pendientes de regular? La reforma del gas tiene dos partes y las dos son muy claras. La primera ya se aprobó en Consejo de Ministros de hace dos semanas y lo que comportó fue una modificación de todo el sistema de retribución de las actividades gasistas; y la segunda parte, que es la que estamos elaborando y que verá la luz en el mes de septiembre, es crear un mercado del gas en España, al igual que existe en sector eléctrico. Vamos a conformar ese mercado del gas, que será la segunda parte de la reforma, que estará completada antes de que finalice 2014.
Recientemente anunciaron que no iban a abordar en esta legislatura los cambios en el sistema del pool eléctrico. ¿Por qué tomaron esta decisión? En primer lugar porque hemos tomado muchas medidas en las actividades reguladas del sector. En lo que tiene que ver con el incentivo a las energías renovables hemos estado dos años y medio tomando decisiones que han contribuido a paliar los dos grandes problemas del sector eléctrico; el incremento de precio y el déficit de tarifa. Ahora queremos ver el resultado de ellas y solo cuando lo comprobemos, se abordaría la reforma del pool eléctrico.
Más cosas. Hablemos de la central térmica de Elcogas, en Puertollano (Ciudad Real). ¿Hay perspectivas de prorrogar en los próximos años el Real Decreto de restricciones por garantía de suministro para las centrales térmicas y minas de carbón, que expira el 31 de diciembre de 2014, y que ha obligado la empresa a solicitar el cierre de la planta? Estamos en contacto con el Gobierno de Castilla-La Mancha porque sabemos que es una prioridad para ellos. En todo caso, no tenemos sobre la mesa una posible salida, pero vamos a hacer esfuerzos para poder encontrarla.
El planteamiento de la empresa es que con las condiciones actuales no hay otra alternativa que el cierre. Esa es la razón por la que estamos estudiando alguna salida alternativa, pero siempre que sea compatible con los objetivos de la reforma.
¿Cuáles son esos objetivos? Disminuir los costes del sistema; eso significa disminuir lo que todos los consumidores estamos pagando por actividades reguladas en nuestra factura de la luz. Pero si nosotros pagamos menos. Cuadrar el círculo no resulta nada fácil y estamos buscando una solución.
¿Cómo estudian resolver el tema de las centrales de ciclos combinados? La solución es la hibernación; la regulación técnica para la posible hibernación de ciclos combinados se aprobará a lo largo del 2014.
¿Si usted no fuese canario, no hubiera habido tanto ruido en torno a las prospecciones petrolíferas que se quiere hacer en aguas cercanas a Canarias? Claro que no. Si no hubiese sido canario, si no hubiese sido presidente del PP en Canarias, si no hubiese ganado las últimas elecciones autonómicas en Canarias y si no hubiese sido ministro de Industria. Fíjese usted lo que decía el programa de Coalición Canaria en las últimas elecciones al Parlamento canario, en el año 2011. Decía: «en el plano competencial, por un lado se debe atribuir a la Comunidad Autónoma nuevas competencia sobre materias de gran interés para el futuro del archipiélago (prospecciones petrolíferas)». Es decir, que no solo apoyaba Coalición Canaria el hecho de hacer las prospecciones, sino que decía que se hagan y, además, que las haga yo; es decir, Coalición Canaria. En esto, como la mayor parte de los partidos nacionalistas, no es que se opongan o no a una cuestión, sino que se oponen o no en función de que sean ellos quienes tomen la iniciativa.
Ustedes han dicho que es un asunto de seguridad nacional, ¿nos lo puede explicar? En el fondo de la cuestión hay un problema de seguridad nacional; dentro de la Estrategia de Seguridad Nacional hay un capítulo dedicado específicamente a la seguridad energética. España es un país que importa cada año hidrocarburos por un importe aproximado de 40.000 millones de euros, estamos consumiendo 1.400.000 barriles de petróleo al día, importamos más del 99 % y no hay ni un solo país del mundo que renuncie a saber si tiene o no tiene hidrocarburos; porque no estamos aquí pensando en perforar para sacar petróleo, ojalá estuviéramos en esa fase porque eso supondría que en España hay petróleo, que seríamos menos dependientes, que en términos geopolíticos tendríamos una posición mucho más fuerte que la que tenemos ahora. Pero ni siquiera estamos en ese momento; estamos en el momento de hacer un análisis a ver si hay petróleo, si hay gas o si hay las dos cosas. Por tanto, espero que esto se haga cuanto antes mejor y que cuanto antes tengamos un resultado, y a ser posible que sea un resultado positivo. Para mí la mala noticia sería hacer la prospección y que no hubiese petróleo ni gas.
La fecha para comenzar las prospecciones depende de Repsol. ¿Le ha comunicado la compañía cuando va a comenzar? Estamos en el último trámite administrativo. Ha sido un proceso muy largo. Tenga en cuenta que esto arranca en el año 2001. Han pasado 13 años y todavía no se ha hecho ningún sondeo. Estamos en el último trámite. Hace unos días hemos dado audiencia a las partes interesadas, tanto a los cabildos de Fuerteventura y Lanzarote como al Gobierno de Canarias y también a Repsol, el operador, para que puedan alegar a la resolución que concede el permiso para llevar a cabo el sondeo. Desde ese momento, tienen 10 días y después se conformará ya la resolución definitiva. Se le comunicará a Repsol y a partir de ahí, pues, dependerá del tiempo que la empresa tarde en situar en la zona las unidades de prospección que necesita. Según nos dice Repsol serán aproximadamente unos tres meses, con lo cual a principios del último trimestre de este año tienen que estar empezando.
¿Qué riesgo medioambiental real hay? El riesgo en la fase de prospección es de un 0,003 %. No hay ni una sola actividad humana, mucho menos que una actividad industrial, que no tenga riesgo. Cada vez que nos montamos en un avión tenemos un riesgo, muy remoto, de que el avión se caiga. Pero por el hecho de que, lamentablemente, alguna vez haya un accidente aéreo no dejamos de montar en avión.
¿Es imparcial esa declaración de impacto ambiental? Los técnicos la hacen con total independencia, sin ninguna instrucción política como no puede ser de otra manera en un Estado de derecho. Además, si hay una legislación medioambiental estricta en el mundo esa es la europea, y dentro de Europa no ha habido una legislación medioambiental tan estricta como la española, que hemos modificado en 2013. Y puedo decir que nunca se ha autorizado un sondeo, investigación o prospección de hidrocarburos en España que tenga tantas garantía medioambientales como las que hemos autorizado en aguas territoriales españolas próximas a Canarias pero, hay que decirlo también, a 50 km de nuestras costas.
Se dice que si España no lo hace, lo hará Marruecos. ¿Es cierto? Marruecos está realizando prospecciones desde hace varios años. Sería absurdo, por no decir incluso ridículo, que en el mismo lugar Marruecos sondeara, hiciera prospecciones y obtuviera resultados positivos y en España estuviéramos cruzados de brazos. Es un lujo que no nos podemos permitir.
¿Marruecos hace esas prospecciones con la misma seguridad que España? No tengo por qué tener y no tengo ninguna duda de que el Gobierno marroquí está tan interesado como el español en dar las máximas garantías medioambientales. Lo que sí le digo es que la legislación marroquí es marroquí y la española es una legislación europea, pero no por ello quiero presuponer que tienen menos garantías medioambientales.
Decía que no podemos permitirnos no sondear las posibilidades petrolíferas que tenemos. ¿Y al gas pizarra y la fracturación hidráulica? ¿España puede renunciar a eso? No deberíamos. La fracturación hidráulica es, probablemente, la mayor de las revoluciones que en materia de energía se ha producido en los últimos años. En Estados Unidos el presidente Obama, que es el dirigente político con un discurso más verde de todo el planeta, ha sido el auténtico impulsor del shale gas (gas pizarra). La consecuencia ha sido que EEUU ha pasado de ser una economía totalmente dependiente del petróleo y del gas a ser una economía independiente en términos de gas y que va a comenzar a ser independiente del petróleo y también exportador de petróleo.
Lo contrario que está pasando en Europa, ¿no? Europa no se puede permitir renunciar al fracking con la dependencia enorme que tenemos. Lo estamos viendo ahora con la crisis de Ucrania y Rusia. En Europa hay países que dependen al 100 % del gas de Rusia; no es el caso de España, nosotros tenemos el gas por Argelia, importamos aproximadamente la mitad de Argelia a través de dos gaseoductos, el que viene por Argelia y el que viene por Marruecos, y luego el otro 50% lo traemos como gas natural licuado a través de la red de gasificadoras, que tenemos seis. No hay ningún país en Europa que tenga tanto potencial de gasificadoras. España podría surtir muy bien una parte importante del gas que ahora exporta Rusia a través de Ucrania, pero para eso necesitamos otra cuestión, y es que las interconexiones de gas con Francia sean sustancialmente mayores que las que hay ahora. Por eso hace una semana tuve una reunión en París con mi colega, la nueva ministra de Energía, Ségolène Royal, en la que, una vez más, le puse de manifiesto que esto ya no es un tema de España, es un tema europeo, de geoestrategia que contribuiría a disminuir la dependencia y, en definitiva, la vulnerabilidad.
¿Y Francia está por la labor? Francia debería hacer un esfuerzo superior al que ha hecho en los últimos años y así me lo ha puesto de manifiesto la ministra de Energía.
Si le parece, para ir terminando, hablamos de turismo. Durante todos los años de crisis, el sector turístico ha sido prácticamente el único que ha soportado en buena medida la economía española. En 2013 se batieron todos los récords turísticos. ¿Qué previsiones tiene para este 2014, para la campaña de verano? Las previsiones del Gobierno apuntan a que este verano tendrán unas ocupaciones superiores a las del pasado año lo que, unido a los datos hasta mayo conocidos, nos permiten ser muy optimistas y esperar que 2014 vuelva a ser un año turístico extraordinario. Nuestros datos nos dicen que julio se cerrará con un 76 % de ocupación hotelera y agosto con el 78 %, tres y seis puntos porcentuales por encima de las cifras del año pasado, respectivamente. También Paradores espera un incremento de la ocupación del 10 % en julio y de un 15 % en julio respecto al año pasado.
Vamos por partes. ¿Es el turismo internacional el que crece? Estos crecimientos que indicaba vendrán impulsado por la buena marcha del turismo internacional del que esperamos, en estos tres meses, superar los 22,7 millones del mismo período de 2013. Las expectativas pasan por un crecimiento importante de nuestros principales mercados como son el Reino Unido, Alemania y Francia, las positivas evoluciones de Irlanda, Bélgica, Países Bajos y la definitiva recuperación del mercado italiano.
¿Y el turismo nacional? Esa, posiblemente, es la mejor noticia, la clara recuperación del turismo nacional que, no olvidemos, representa el 50% del negocio turístico español. Todos los indicadores que manejamos son positivos desde hace ya casi un año, movimientos, pernoctaciones, y pagos por viajes al extranjero. Cifras que, unidas a la mayor confianza del consumidor y a las ocupaciones hoteleras y extrahoteleras en períodos festivos como Semana Santa o el Puente de Mayo, sí que nos permiten afirmar que la recuperación del turismo nacional es ya una realidad. Se trata de una recuperación especialmente significativa para el Gobierno de España puesto que es un síntoma claro de la mejoría general de la economía.
Aun así, existe desequilibrio entre el turismo de sol y playa y el de interior. Le voy a dar un dato: en lo que va de año, las llegadas de turistas internacionales a las comunidades de interior ha crecido un 15% de media, cifra muy por encima del resto de España. Esto es el primer fruto del trabajo conjunto realizado por el Ministerio de Industria y las propias comunidades de interior que se unieron y consolidaron un producto común. Así, dos años después de nuestra primera reunión ya hemos presentado un Plan de Promoción del Turismo Rural para la mejora de la promoción y de la comercialización en el extranjero. Somos conscientes de la fortaleza del segmento de sol y playa de nuestro país, como también lo somos de la enorme diversidad y del amplísimo potencial que tienen otras tipologías turísticas como el turismo de naturaleza, de ciudades, gastronómico, de salud o de compras. España es uno de los pocos países del mundo que se puede permitir atraer turistas 365 días al año. Es por ello que, desde mi departamento, trabajamos por la diversificación de mercados que nos visitan haciendo especial hincapié en aquellos con mayor capacidad adquisitiva, de tipologías turísticas y también de territorios.
¿Entiende al sector que demande al Gobierno un IVA super-reducido para su sector? Por supuesto que lo entiendo y, además, no nos olvidamos de que fue una promesa electoral. Sin embargo, sí que tengo que poner en valor que ante las circunstancias que nos encontramos al inicio de la legislatura, con un déficit muy superior al anunciado y una situación crítica de las cuentas públicas, el Gobierno haciendo un gran esfuerzo, mantuvo la mayoría de las ramas turísticas dentro del tipo reducido. Aun así, estoy convencido de que cuando la situación económica lo permita, podremos retomar esta medida
Para finalizar, le quería preguntar por la tragedia que se vivió en Burgos en una casa rural. ¿Pone de manifiesto la necesidad de regular más ese segmento del turismo rural o es un desgraciado accidente? Por desgracia accidentes se producen en cualquier actividad industrial, también en el sector turístico; puede ocurrir en un restaurante, en un hotel de dos o de cinco estrellas. Lo sucedido en la casa rural de Burgos fue en primer lugar una fatalidad porque eran todos miembros de una misma familia y, en segundo lugar, porque fue un accidente por dejar una chimenea encendida. No tiene ningún vínculo con la legislación sobre casas rurales.
