El colectivo de adjudicatarios de las 538 viviendas protegidas promovidas en Sevilla Este por la Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa, vinculada a la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), ha celebrado una reunión con el concejal de Urbanismo y Medio Ambiente, Maximiliano Vílchez (PP), para reclamar que el Consistorio retire a la promotora la calificación de vivienda protegida al ser excedidos los plazos estipulados para edificar los bloques. Los afectados entregaron entre 18.000 y 21.000 euros por cabeza o familia para estas viviendas protegidas cuya finalización había sido anunciada para 2010, denuncian la ausencia de soluciones y muchos de ellos comienzan a reclamar no ya la entrega de las viviendas, sino "la devolución" del dinero entregado.
Esta promoción de viviendas protegidas parte de la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa', participada por la CEA, y cada uno de sus adjudicatarios habría entregado entre 18.000 y 21.000 euros en concepto de anticipo mientras arrancaba la construcción de los edificios allá por 2008. No obstante, las dificultades financieras de la constructora 'Dolmen Consulting Inmobiliario', inicialmente contratada para la edificación de los bloque, motivó que esta labor recayese en la empresa 'Nazarí'.
En materia financiera, el préstamo sobre el que trabajaba la 'Fundación para el Desarrollo del Sur de Europa' para edificar las viviendas había sido concedido por la antigua Caja Madrid, integrada posteriormente en Bankia, una entidad bancaria marcada por un agujero financiero de miles de millones de euros cuya situación motivó su nacionalización a manos del Estado. Después, la Sociedad de Gestión de Activos de Reestructuración Bancaria (Sareb), lo que viene siendo el 'banco malo', se habría hecho cargo de este préstamo sin que hubiese sido aún resuelta su viabilidad o no. Las viviendas, como señalan los afectados, están "inmovilizadas como activo tóxico" por la Sareb y siguen sin ser acabadas.
Los miembros del colectivo de afectados, de cualquier modo, celebraron el pasado lunes una reunión con Maximiliano Vílchez, al objeto de reclamarle que el Consistorio, como propietario de los terrenos, "retire" a la promotora la calificación de vivienda protegida de la que gozaba para construir los bloques de pisos, sobre todo porque la promotora "ha excedido sobradamente el plazo legal" habilitado para finalizar las viviendas.
Si finalmente mediase este extremo, según ha explicado a Europa Press Natalia, una de las portavoces del colectivo, los adjudicatarios podrían "constituir una cooperativa" para afrontar la contratación de la culminación de las viviendas, o las administraciones podrían buscar otra empresa del sector inmobiliario y de la construcción a través de la cual canalizar la conclusión de los bloques. "Maximiliano Vílchez no ha respondo sí o no", ha lamentado finalmente esta portavoz del colectivo, que señala que los afectados seguirán luchando contra esta situación injusta.
