La mesa del diálogo social volverá a reunirse hoy por la tarde para discutir la última propuesta de reforma laboral del Gobierno, que incluye medidas que han sido interpretadas como un abaratamiento del despido y que han recibido las críticas tanto de la patronal como de los sindicatos, informaron a Europa Press fuentes cercanas a la negociación. Sin embargo, la vicepresidenta económica del Gobierno, Elena Salgado, afirmó ayer que las medidas planteadas por el Ejecutivo tendrán efectos positivos en las cuentas públicas, ya que favorecerán la contratación y ayudarán a reducir la partida destinada a las prestaciones por desempleo, con lo que se reducirá el déficit.
En conferencia de prensa tras la reunión del ASEM (Asia-Europe Meeting), Salgado insistió, en cualquier caso, en que el documento del Ejecutivo recoge sólo propuestas sobre el mercado laboral que han de discutirse con los agentes sociales, y añadió que es pronto para saber si influirán en el pacto de estabilidad y crecimiento. Además, incidió en que el objetivo del Gobierno es reducir la dualidad y la temporalidad del mercado de trabajo y no abaratar el coste del despido.
En este sentido, aseguró que pensar que las medidas propuestas por el Gobierno a los agentes sociales tienen como objetivo abaratar el despido es apartarse del foco y pidió no dejarse arrastrar por esa dinámica.
Salgado destacó que la excesiva temporalidad del mercado laboral español dificulta el crecimiento y, en consecuencia, la formación y la estabilidad.
Recordó que el asunto de la dualidad y no el del coste del despido es el que ponen de manifiesto los informes de los organismos internacionales. Asimismo, Salgado recalcó que la petición de la Comisión Europea a España de concretar sus medidas para reducir el déficit de 2011 a 2013 es general para todos los países, no sólo para España, y añadió que la CE siempre hace estas solicitudes, que las actualiza año a año.
El encuentro de hoy -al que acudirán los interlocutores habituales del diálogo social: los secretarios de Acción Sindical de UGT y CCOO, Toni Ferrer, y Ramón Górriz, y el secretario general de CEOE, José María Lacasa, entre otros- tratará de desatascar unas negociaciones que, según las previsiones iniciales, deberían culminar en un acuerdo de reforma laboral a finales de abril, pero que las partes ya no ven factible hasta mayo o incluso junio.
Como sucediera hace exactamente una semana, la reunión tendrá lugar por la tarde. Las mismas fuentes indicaron que pretende ser discreta, aunque previsiblemente servirá para que, al menos desde el frente sindical, se presenten nuevas propuestas en busca de una posición común.
La razón es que el texto de 14 páginas que el Gobierno puso encima de la mesa el pasado lunes no convence ni a sindicatos ni a empresarios y ha desatado la polémica al plantear lo que muchos han considerado un abaratamiento del despido en los contratos de fomento del empleo.
Los puntos de la discordia. En concreto, el Ejecutivo de Zapatero plantea impulsar el contrato de fomento del empleo igualando el coste de la indemnización del despido improcedente por causas económicas y disciplinarias, como sucede en el contrato indefinido ordinario, en 33 días. En la actualidad, el contrato de fomento sólo contempla una indemnización de 33 días en el caso de despido improcedente por causas económicas, con lo que la medida propuesta por el Gobierno extendería esta modalidad más barata también a aquellos despidos por causas disciplinarias, que actualmente tienen una indemnización de 45 días.
Además, y en lo que se ha visto como una concesión a la CEOE, el Gobierno ha llevado a la mesa la propuesta de que el Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), que se compone de fondos que abonan los empresarios, asuma "con carácter transitorio y excepcional" parte de los costes de despidos colectivos y objetivos, como ya ocurre para el 40% de las indemnizaciones de las empresas de menos de 25 empleados.
