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Los cargos públicos de IU cederán su sueldo del día de la huelga a una ONG

La Junta rectifica y no suspenderá su agenda el 14-N, pero evitará acudir a empresas donde se den paros.

el 24 oct 2012 / 19:30 h.

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IU, socio del Gobierno andaluz, apoyará la huelga general del 14 de noviembre sin medias tintas. El vicepresidente, Diego Valderas, los otros dos consejeros de la coalición, los 12 diputados parlamentarios y, por extensión, los alcaldes y concejales de IU en los municipios andaluces se sumarán a las movilizaciones convocadas por los sindicatos CCOO y UGT. Además los cargos públicos de IU a los que, por ley, no se les detrae parte de su salario por acudir a la huelga, cederán ese dinero a la ONG Banco de Alimentos. No es la primera vez que lo hacen. En la última huelga general, los diputados de IU donaron esta parte de su sueldo al fondo que el Parlamento destina a la cooperación para el desarrollo (un 0,7% de su presupuesto). Hubo tantas "dificultades", que esta vez IU ha optado por invertir directamente el dinero "en alimentos básicos para los más necesitadas", explicó el portavoz de la coalición en el Parlamento, José Antonio Castro.

Valderas se reafirmó ayer en su "doble condición de lucha y gobierno". El vicepresidente saldrá a manifestarse el 14-N, aunque no participará en ningún piquete informativo, como ha hecho en el pasado (en la última huelga se apostó a la entrada de Mercasevilla). Su posición institucional y la de los consejeros de Turismo, Rafael Rodríguez, y Fomento, Elena Cortés, no le impiden unirse a la protesta, al contrario que al presidente José Antonio Griñán, que no se manifestará en la calle "porque representa a todos los andaluces y tiene que mantener la posición de equilibrio institucional que le caracteriza", dijo el martes el portavoz de la Junta, Miguel Ángel Vázquez. Valderas calificó la huelga general de "paro ciudadano", y aseguró que "también las instituciones andaluzas somos víctimas" de la política de recortes del Gobierno central, "porque no podemos dar la respuesta que queremos a los problemas de los andaluces". "Ofrezco el total respaldo a la convocatoria de huelga", dijo en la sede de IU, junto a los líderes sindicales de CCOO (Francisco Carbonero) y UGT (Manuel Pastrana).

 

sin parlamento. Entretanto la Junta rectificó su posición del día anterior y aseguró que no suspenderá su agenda institucional del 14-N, como había anunciado 24 horas antes el portavoz. Vázquez había defendido la decisión del Parlamento de aplazar la sesión plenaria que coincide con la celebración de la huelga, algo que han pedido PSOE e IU. También consideró "normal" que el Gobierno andaluz vaciara su agenda para ese día, en caso de que se produjese una protesta "mayoritaria" de la ciudadanía. La consejera de la Presidencia, Susana Díaz, matizó ayer que "el Gobierno andaluz continuará con su actividad, pero con la sensatez de que ese día no acudirá a una empresa donde los trabajadores estén manifestando su derecho a huelga".

La huelga general y el posible aplazamiento de la sesión plenaria del 14-N se convirtieron ayer en el principal motivo de bronca política entre el Ejecutivo andaluz y el PP. También los agentes sociales tomaron posiciones. CCOO y UGT se alinearon con la actitud "coherente y comprometida" de IU, y aseguraron que interrumpir la actividad parlamentaria el día de la huelga no es "un síntoma de anormalidad". "Al contrario, es un gesto de identificación con los problemas de los andaluces y eso es lo que hace que la gente vuelva a creer en la política", dijo Carbonero. En cambio, el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía (CEA), Santiago Herrero, criticó duramente el "apoyo explícito" del Gobierno andaluz a la convocatoria de huelga, algo que en su opinión dará "una imagen negativa del país", informa Europa Press. Herrero calificó de "inadecuado" que las instituciones públicas "se sumen a los conflictos sociales".

El portavoz del PP, Carlos Rojas, acusó a Griñán de dar un "giro radical" sobre la huelga, al apoyar "desde el Gobierno" que se "eche el cierre" al Parlamento cuando en 2010, mientras gobernaba José Luis Rodríguez Zapatero, declaró que "la democracia ni se paralizaba ni se suspendía".

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