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Los chabolistas abandonan San Juan de Aznalfarache

Las familias, que ya han sido expulsadas del Charco de la Pava y de la carretera de la base de helicópteros de El Copero, están abandonando "con obediencia" el asentamiento creado en los últimos días en una zona de naranjos de dicho municipio aljarafeño.

el 16 sep 2009 / 05:51 h.

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Las familias de etnia gitana procedentes del desalojo del poblado creado entre el puente de Juan Carlos I y el puente de hierro de San Juan de Aznalfarache, expulsadas posteriormente del Charco de la Pava y de la carretera de la base de helicópteros de El Copero, están abandonando "con obediencia" el asentamiento creado en los últimos días en una zona de naranjos de dicho municipio aljarafeño, donde la Policía ha consumado la orden de desalojo dictada por el alcalde.

Una de las portavoces del grupo de familias chabolistas, Aurora, informó a Europa Press de que tal y como había anunciado el alcalde de San Juan de Aznalfarache (Sevilla), Juan Ramón Troncoso (PSOE), la Policía Local se ha personado en este enclave a orillas del río Guadalquivir y cercano a la antigua discoteca 'La Recua' para consumar la orden de desalojo emitida hoy mismo.

Aurora aseguró que "gracias a Dios", el desalojo se está realizando pacíficamente y "con obediencia", porque este colectivo de etnia gitana está "levantando el campo" después de haber recalado por segunda vez en San Juan de Aznalfarache tras el desalojo del asentamiento creado de la carretera de la base de helicópteros de El Copero. "Lo que no sé es a dónde vamos a ir", lamentó después de que hayan sido obligados a "irnos a otro sitio".

EXILIO Y PACTO DE NO RETORNO

Por temor a represalias como consecuencia de la muerte de un menor, víctima de una bala perdida, estas familias abandonaron el Polígono Sur y crearon un poblado de chabolas entre los citados puentes, donde habitaban más de 300 personas sin electricidad, agua potable o cualquier comodidad en lo que algunos agentes sociales declararon como "emergencia sanitaria", sobre todo por los cerca de cien menores contabilizados entre el colectivo.

Dado el exilio, la Consejería de Vivienda y Ordenación del Territorio precintó las 41 viviendas de titularidad pública en las que residían en el Polígono Sur al objeto de esclarecer su verdadero régimen de ocupación, pues posiblemente sólo tres de las familias habitaba legalmente estos pisos. No obstante, el departamento de Juan Espadas no espera finalizar hasta septiembre la investigación abierta en cuanto al régimen de ocupación de estas viviendas.

Pese a dos intentos de recuperar las viviendas, el resto de las familias del Polígono Sur acordó con este clan de etnia gitana la permanencia de los exiliados en el poblado al menos hasta el mes de septiembre, pues su regreso a la zona podría derivar en un enfrentamiento abierto con la familia a la que pertenecía el menor fallecido.

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