El Ayuntamiento empezó a trazar el plan contra la prostitución en 2007 y, cuatro años después, al límite del mandato, va a aprobar la ordenanza que sancionará a los clientes con hasta 3.000 euros, que apoyará a las víctimas de explotación y perseguirá el proxenetismo y la publicidad sexista. Una junta extraordinaria de gobierno aprobó ayer la normativa, que será ratificada por el Pleno mañana. Tres meses después de ser publicada en el Boletín Oficial de la Provincia entrará en vigor. Es decir, que previsiblemente a finales de mayo ya se podrá sancionar a los clientes. El nuevo gobierno, pues, será el que aplique la ordenanza.
La norma considera que la mujer es una víctima, ya que la prostitución es una forma extrema de violencia de género. Por ello sanciona la demanda de servicios sexuales y la promoción o facilitación de estas conductas. No el ofrecimiento por parte de la víctima. Además, pretende preservar el espacio público como lugar de convivencia, civismo e igualdad, evitando actividades de explotación sexual.
El texto combina medidas sancionadoras, formativas y de reinserción social. Las primeras se aplicarán a los clientes -con multas de entre 750 y 3.000 euros- y a los clubes de alterne, bares o sex shops, ya que se revisarán y revocarán licencias. Se quiere garantizar que en los locales se lleva a cabo la actividad para la que se otorgó el permiso y no se realiza actividad de explotación sexual.
Las infracciones graves se multarán con entre 750 y 1.500 euros y las muy graves, con entre 1.500 y 3.000 euros. Se considerará muy grave que la actividad penada se realice en espacios a menos de 200 metros de colegios y otros espacios con afluencia de público infantil o juvenil; en lugares o alrededores, a menos de 200 metros, con gran afluencia de público como actos culturales, lúdicos, deportivos o de otra índole; o lugares que impliquen mayor vulnerabilidad de las personas en situación de prostitución por su aislamiento, escasez de alumbrado, cercanía a carreteras y espacios que impidan la huida.
También se prohíbe la colocación, reparto, divulgación o difusión de publicidad que promueva, favorezca o fomente el consumo de prostitución, la explotación sexual de las mujeres y el turismo sexual, lo que se considerará como una infracción leve y será sancionado con 750 euros.
Cuando las personas infractoras sean menores, se podrán sustituir las sanciones por medidas correctoras, como la asistencia a alguno de los programas de los servicios sociales o trabajos para la comunidad. También se prevén medidas para desalentar la demanda de servicios sexuales a través de inspecciones. Eso sí, el presupuesto para todo ello es una incógnita aún.
El Consistorio, además, prevé realizar un mapa de la prostitución, actividad que se ejerce en centenares de clubes -principalmente en los polígonos- y en calles de Nervión, Sevilla Este, Carretera Amarilla y Su Eminencia.
En Málaga, la ordenanza aprobada en septiembre establece sanciones de entre 750 y 1.000 euros para las prostitutas que ejerzan a menos de 200 metros de centros educativos y viviendas, entre otros, algo que levantó las críticas de colectivos como la Asociación de Transexuales de Andalucía. En Granada se imponen multas de 1.500 a 3.000 euros para cualquiera que practique el sexo en la calle o lo ofrezca a menos de 200 metros de una vivienda, zona comercial o industrial. Y eso incluye a los proxenetas si median en el trato.
