La decisión del Banco de España de abrir expediente sancionador a una veintena de ex consejeros de Caja Castilla-La Mancha (CCM), intervenida por el regulador, ha alborotado a los consejos de administración de las cajas de ahorros, muchos de cuyos miembros, y en especial los de procedencia política, estaban acostumbrados a asistir a las reuniones ejecutivas como meros convidados de piedra.
A decir sí y fiarse de todo informe y toda propuesta de la Presidencia y a olvidarse de que, más allá de las dietas cobradas -sean para la persona, sean para las organizaciones a las que representan-, los consejeros tienen una responsabilidad sobre las operaciones de la entidad financiera y sobre la evolución de ésta.
En efecto, el antiguo instituto emisor considera que ha habido conducta negligente en la labor de los consejeros, pues, además de aprobar operaciones con excesivo riesgo -concentración del crédito en promotoras inmobiliarias y toma de empresas-, no adoptaron las medidas oportunas para amortiguar el progresivo deterioro de CCM y que, al final, desembocó en la intervención de la caja de ahorros. Ellos, en cambio, se defienden alegando que la cúpula directiva de la entidad conquense, con su ex presidente Juan Pedro Hernández Moltó a la cabeza, había "ocultado" al consejo el estado real de las cuentas, los problemas de liquidez y las reiteradas advertencias al respecto que había lanzado el Banco de España.
Pero aquí caben dos matices. Por un lado, tan sólo tres semanas antes de la intervención de CCM, y ya iniciadas las negociaciones, al final infructuosas, para que ésta fuera absorbida por la andaluza Unicaja, casi todos los consejeros se retrataron con Hernández Moltó para mostrarle así su pleno respaldo, denunciar el acoso político y mediático que estaba sufriendo la caja y garantizar, además, un aquí no pasa nada. Y por el otro, que sobre el consejo recae también la labor de control sobre las decisiones adoptadas por quienes tienen realmente poder ejecutivo -en este tipo de entidades, el presidente, los vicepresidentes que así se determinen y el director general-. Otra cosa bien distinta es que medie el engaño, por parte de la cúpula ejecutiva, a la hora de informar al consejo respecto a las operaciones acometidas o la evolución real de la entidad, y este no sabíamos nada es el argumento defensor que esgrimen los protagonistas de los expedientes del regulador.
Si éstos salen adelante y se estiman como muy graves, no sólo pesa una multa -máximo, 150.000 euros-, sino también hasta diez años de inhabilitación para ejercer cargos en entidades financieras y una enorme mancha en sus currículos.
Lo acaecido en el grupo agroalimentario SOS, donde su principal accionista, la familia Salazar, se autoconcedió un crédito multimillonario (de 237 millones de euros) con cargo a la propia compañía, es otro ejemplo reciente de la responsabilidad que tienen los miembros de los consejos de administración, y da la casualidad de que en esta empresa hay seis sillones reservados a cinco cajas (cuatro de ellas andaluzas, siendo Caja Madrid la quinta).
Así, cuando en febrero pasado se votaron las cuentas de SOS correspondientes al ejercicio 2008, hubo consejeros que dijeron sí y otros consejeros no estaban presentes, y precisamente en ellas venía incluido el controvertido autocrédito de los Salazar, el mismo que ha mandado a casa a los máximos ejecutivos, Jesús Salazar (presidente) y su hermano Jaime (vicepresidente). Fuentes jurídicas resaltan que incluso se podrían extender las responsabilidades más allá de los ejecutivos cesados. No es de extrañar, pues, que tres de las cuatro cajas andaluzas hayan movido sus peones en el consejo del grupo agroalimentario.
Mientras, algunos consejeros de cajas andaluzas que representan a los trabajadores (sindicatos) explican que los expedientes del regulador en la entidad manchega "marcan un antes y un después" en el comportamiento de quienes acuden a sentarse en los consejos de administración.
Subrayan, en este sentido, que se incidirá más en la "vigilancia" de las operaciones que requieren el visto bueno del consejo. "Y es que, a partir de ahora, pocos firmaremos a ciegas, sin saber qué estamos firmando. El carguito no sólo implica cobrar la remuneración y las dietas, sino que tenemos una responsabilidad y por ella nos pueden demandar".
