Economía

Los controladores dejan en vilo al país al no dar fecha de huelga

AENA ofrece al colectivo un salario medio de 200.000 euros al año hasta 2013

el 04 ago 2010 / 10:31 h.

El portavoz y el secretario de Comunicación de USCA, ayer, antes de la rueda de prensa.

Los españoles que tienen que coger vuelos para disfrutar de sus vacaciones en la segunda quincena de agosto están en vilo por la huelga que los controladores aéreos españoles tienen previsto llevar a cabo después del 16 de agosto. Se esperaba que ayer este colectivo diera a conocer la jornada o jornadas de paro -aún no sabe si serán varios días-, pero no revelaron las fechas, un mecanismo más para poner en jaque al Ministerio de Fomento, objetivo de sus reivindicaciones.

En cualquier caso, los controladores aéreos y Fomento se mostraron ayer dispuestos a buscar una solución negociada al conflicto que mantienen desde hace seis meses.

Los motivos del pulso entre los controladores y AENA son las diferencias sobre el nuevo convenio colectivo, la nueva ley aprobada por el Gobierno el 14 de abril, que regula la navegación aérea, y dos decretos aprobados recientemente, uno que organiza los turnos de trabajo y otro que liberaliza estos servicios.

AENA ofreció ayer una retribución anual media, hasta 2013, de 200.000 euros, cantidad que condiciona a que el servicio se desarrolle con "plena normalidad". El organismo, dependiente de Fomento, adelantó que con esta propuesta se garantizan unas condiciones salariales "superiores" a las de sus colegas europeos.

El cobro de esos emolumentos también está supeditado a que el servicio de control se desarrolle en un "marco de competitividad, de reducción del absentismo y de mejora de la eficiencia".

Además AENA indicó que les había hecho otros dos ofrecimientos que, unido al salarial, responden a demandas planteadas inicialmente por el sindicato USCA y que, "según los representantes sindicales, impedían el avance de la negociación". El primero de ellos se refiere a la incorporación de una cláusula que permite los cambios entre controladores y autorizados por AENA, mientras que el segundo se contempla la adecuación de la jornada laboral a la carga de trabajo prevista en cada dependencia, además de la incentivación de la productividad. Este último punto se traduce en que la jornada anual máxima será de 1.670 horas, más 80 horas extras (frente a las 1.800 de años anteriores).

Aunque la convocatoria de huelga aún no se ha concretado y está pendiente de la reuniones que hoy mantengan en Madrid la Unión Sindical de Controladores Aéreos (USCA) y AENA, tanto el sector turístico como las aerolíneas mostraron su profunda preocupación por el impacto económico que puede tener una huelga o, incluso, la simple amenaza de convocarla.

USCA no quiso marcar fecha en el calendario para la huelga ni precisó si durará una jornada o varias, aunque reiteró que, de convocarse, ésta tendría lugar después del 16 de agosto, dados los plazos legales que deben respetarse.

Daniel Zamit, uno de los portavoces del sindicato, dijo que se convocaría la huelga cuando lo considere "necesario y oportuno", tras recibir ayer un "mandato claro" de la plantilla.

El ministro de Fomento, José Blanco, sostuvo ayer en Lugo que la convocatoria de la huelga de controladores es "injustificada" y "pretende sólo mantener unos privilegios que el Ministerio no está dispuesto a mantener". No obstante, dijo que "todo se puede negociar" y reiteró que "en el marco de la Ley, todo es negociable".

El ministro opinó que la huelga contribuirá "a las dificultades que ya tiene el sector aéreo, con las repercusiones que ya tiene, además, sobre uno de nuestros motores económicos que es el turismo"."Vamos a hacer ese intento de abordar esos puntos de la tabla reivindicativa que nos han presentado, lo queremos hacer con la máxima transparencia.

Dentro de la ley todo es posible, pero al margen de la ley nada lo es", reiteró el ministro. Sobre las acusaciones de los controladores de que es "autoritario", Blanco se negó a replicar, pero advirtió de que "toda la sociedad sabe que es un sector que gozaba de unos privilegios exagerados, que tenía la productividad más baja de toda la UE y los salarios más altos".

"Se trata de adecuar nuestra normativa y nuestras decisiones a lo que ocurre en la UE", sentenció.

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