Los coquineros de Doñana y Matalascañas están cansados de esperar a que la Junta de Andalucía reabra los caladeros 10 y 11, que llevan prácticamente toda la temporada alta cerrados a causa de una toxina. Sin embargo, los mariscadores, de los que medio centenar pertenecen a las localidades de Pilas, Villamanrique de la Condesa y Carrión de los Céspedes, siguen en su empeño de que la técnica utilizada para determinar las toxinas del molusco no es la reglamentaria ni la más precisa.
La Asociación para la Defensa del Marisqueo en Doñana está convencida de que la decisión de cerrar los caladeros no se sujeta a la realidad ya que «la cantidad de toxina no es perju 
Coquineros en la reunión de la semana pasada en Pilas con los alcaldes y el delegado del Gobierno andaluz en Sevilla.
dicial, sino que el método no es el más fiable», apunta su secretario, José Antonio Ramos. Y es que la Junta «a través de una empresa privada» determina la toxicidad de las coquinas y otros moluscos a través de un bioensayo con un ratón. Esto implica que la cantidad de molusco que se inyecta en el roedor es casi el triple de su peso unos 200 gramos de coquina para 80 gramos de ratón, por lo que el animal muere, se determina que la cantidad de toxina implica un riesgo y se cierran los caladeros. Puesto que la equivalencia es como si a una persona de peso medio consumiera 200 kilos de coquina, «esta prueba produce muchos falsos positivos y hay estudios que desaconsejan este tipo de muestras», explica Ramos.
Como alternativa al método tradicional, la Unión Europea reguló que para enero de 2015 todos los países miembro deberían sustituir el bioensayo por una prueba bioquímica, «que consiste en obtener de la masa carnosa del molusco las toxinas y sustancias que la conforman», explica el portavoz de los mariscadores. Para los coquineros esta prueba les aportaría los valores exactos que marca Europa y un seguro para poder trabajar. Además, el coste de una prueba y otra es muy dispar: mientras que el bioensayo ronda los 600 euros, la prueba química cuesta 60, «por lo que la Junta está actuando contra natura», sostiene el secretario de la asociación.
A día de hoy los mariscadores de Matalascañas y Doñana no pueden acceder a su zona de trabajo porque, según los muestreos de la Junta, el nivel de toxina DSP, que provoca dolores abdominales, vómitos y diarrea, está por encima de 160 miligramos, que es lo que marca la Unión Europea como nivel máximo para que el molusco sea apto para el consumo. Sin embargo, los coquineros han realizado pruebas de forma independiente que determinan que la toxina está «en torno a 30 y 60 miligramos».
Pero mientras los mariscadores tienen que seguir pagando su cuota de autónomo sin poder trabajar porque la Junta no les deja, «la gente sigue cogiendo coquinas con los pies y rastrillo a pie de playa y la Guardia Civil no pone ningún tipo de multa», denuncia Ramos. Asimismo, critican que mientras no pueden faenar, las coquinas siguen comercializándose y, según han sondeado a los ambulatorios, el número de intoxicaciones es parejo al de otros años, «por lo que la coquina es apta para su consumo».
El problema de los coquineros ya no solo les compete a los propios trabajadores. A petición de los alcaldes, hace unos días el delegado de la Junta de Andalucía en Sevilla, Francisco Javier Fernández, se reunió con los afectados en la localidad pileña para conocer de primera mano sus peticiones. En dicha reunión, Fernández se comprometió a exigir a la Subdelegación del Gobierno central mayor efectividad de la Guardia Civil a la hora de sancionar, así como a analizar las peticiones de los mariscadores. Asimismo, Fernández se reunirá esta semana con la directora general de Agricultura y Pesca para plantear las soluciones a este sector. Una de las propuestas que se planteó en la reunión fue la de crear un plan de empleo urgente para estos trabajadores, entre otras.
