Las veintidós asociaciones de familiares de desaparecidos en la guerra civil y la dictadura franquista que han denunciado estos hechos en el juzgado de Baltasar Garzón, han entregado un listado único y "definitivo" en soporte informático con 133.708 nombres de personas desaparecidas en esas fechas.
Fernando Magán, abogado que representa a estas asociaciones y a los diez particulares que han interpuesto denuncias ante el juez de la Audiencia Nacional, ha depositado ese listado después de que Garzón lo reclamara el pasado 25 de septiembre para evitar duplicidades en las identidades proporcionadas.
En una providencia, el juez dio a estas asociaciones, agrupadas en una plataforma de víctimas, un plazo de una semana para entregar un "listado único" con la filiación de los desaparecidos y su posible ubicación, en el que quedaran eliminadas las identidades repetidas que figuraban en la lista que facilitaron el día 22 y en la que aparecían 130.137 nombres.
Ahora la cifra ha aumentado porque, según Magán, a la información recabada por las asociaciones y los particulares denunciantes, han añadido los datos proporcionados por los gobiernos gallego y vasco a los que el juez les ha dado acceso. "Es el listado definitivo de los represaliados", ha explicado Magán, al señalar que el juez tiene también en su poder "otra lista que comprende todas las exhumaciones" realizadas desde 2000, unas cuatrocientas, y otra con "los cuerpos identificados o en fase de identificación" a través de pruebas de ADN.
Según este nuevo listado, Andalucía, con 29.091 desaparecidos, es la comunidad con mayor número de víctimas, seguida por la comunidad valenciana, con 28.892; Castilla y León (15.269), Extremadura (10.266), Aragón (10.178), País Vasco (9.759), Castilla La Mancha (7.885) y Galicia (4.396).
A estas comunidades les siguen Navarra (3.431), Madrid (2.995), Cantabria (2.535), Cataluña (2.400), La Rioja (2.007), Baleares (1.777), Asturias (1.246), Murcia (855), Ceuta, Melilla y norte de África (457), Canarias (262) y otros territorios sin especificar, 7.
Una vez cumplido el requerimiento, el juez resolverá si se declara competente o no para investigar los hechos denunciados, según el mismo anunciaba en la citada providencia.
