La consejera de Vivienda, Josefina Cruz Villalón, presentó ayer en el Consejo de Gobierno un informe sobre las viviendas ilegales de Andalucía, en el que se ampara el nuevo decreto que regulará el desorden de las construcciones en suelo no urbanizable. La Junta, en colaboración con los 78 municipios donde más ha crecido el descontrol urbanístico, maneja un inventario de casas ilegales, aún sin concluir. Las últimas cifras oficiales calculan 100.000 casas ilegales en Andalucía, pero son de diciembre, y ayer la consejera eludió actualizar los datos. La otra cifra de referencia es del Defensor del Pueblo Andaluz: unas 300.000.
Por ahora, el inventario que está cerrado es el los 32 pueblos de la Axarquía malagueña y del Valle de la Almanzora (Almería), dos de las zonas que más viviendas ilegales concentran. La Junta identifica allí más de 25.500 edificaciones en suelo rústico, y estima que con el nuevo decreto se regulizará el 90%, una vez que los propietarios acometan las reformas que establece la norma y asuman los costes. La Axarquía y la Almanzora son el paradigma de las construcciones ilegales en Andalucía. La consejería las usó ayer como ejemplo para justificar la nueva regulación, pero considera precipitado extrapolar ese 90% a todas las viviendas ilegales de la comunidad.
"No se trata de una norma de punto final ni será una regularización indiscriminada", advirtió la consejera. Cruz Villalón quiso explicar que la casuística de las viviendas ilegales es compleja. Por definición, una casa debe ubicarse en suelo urbano, y si no ha sido así es principalmente por tres factores: la pérdida de la función agraria que ha hecho proliferar viviendas en terreno rústico; la movilidad de la población, sobre todo en la costa, donde se ha multiplicado el número de segundas residencias; y el factor de los llamados inmigrantes climáticos, extranjeros (principalmente anglosajones y alemanes) que se han establecido en Andalucía. El colectivo británico interpuso hace poco una querella criminal en el TSJA contra la consejera por "injurias", porque Cruz Villalón les reprochó la "falta de respeto a la cultura del territorio", y los británicos pensaron que les acusaban de "haber desemparcado" para colonizar la tierra. Estos tres factores hicieron proliferar viviendas que ahora son ilegales, aunque muchas no lo eran cuando se construyeron porque no había regulación clara.
El nuevo decreto describe con claridad en qué casos habrá que derribarlas: "Podrán mantenerse siempre que no estén en suelo protegido o en zonas de riesgo, en espacios próximos a aeropuertos, zonas forestales, próximas a un yacimiento arqueológico o inundables", dijo la consejera. Si está en suelo protegido, la ilegalidad de la vivienda no prescribe, y habrá que tumbarlas. Pero si la vivienda lleva cuatro años en pie sin que existiera una norma urbanística concreta, el nuevo decreto abre la posibilidad de amnistiarla. Los requisitos concretos estarán en la norma, que entrará en vigor antes del verano.
La iniciativa urbanística depende de los ayuntamientos, pero es la Junta la que impulsa los planeamientos. Las viviendas ilegales plantean un problema en el modelo de crecimiento urbanístico que defiende la Junta: la mayoría son casas diseminadas, ubicadas en el campo, lejos de la urbe, lo cual provoca un consumo excesivo de los recursos naturales: hay que hacer llegar la red de servicios hasta ellas (agua, luz, saneamiento...) y es deficiente en infraestructuras (escuelas, trasnportes...). Además deterioran el entorno paisajístico, cuando el interés de la Junta es preservar el medio rural del uso residencial.
Hay dos caras del problema: las edificaciones aisladas y las parcelaciones urbanísticas en suelo no urbano. La mayoría de las primeras serán destruidas. Y en el caso de las segundas habrá más opciones para perdonarlas, siempre que los dueños aborden las reformas que requiera la normativa y asuman el coste ellos.
El ladrillo ilegal se asienta en la costa de Málaga, Cádiz, Almería, y en pueblos de la sierra.
