El derecho internacional cambió el 16 de octubre de 1998. Ese día el juez Baltasar Garzón emitió una orden de detención contra el ex dictador chileno Augusto Pinochet. Desde entonces los violadores de los derechos humanos son más vulnerables que nunca. Sólo la Audiencia Nacional investiga 13 causas que afectan a ocho países.
Hace casi 11 años Baltasar Garzón emitió desde la Audiencia Nacional una orden de búsqueda y captura internacional contra Augusto Pinochet, que había viajado a Londres con un permiso especial para ser operado de una hernia lumbar, por los asesinatos y desapariciones de ciudadanos españoles durante su régimen militar (1973-1990).
Tras dos años de dura pelea jurídica, el ex dictador chileno no fue extraditado a España y fue devuelto a Chile por razones médicas. Pero con aquella decisión, además de alcanzar gran notoriedad internacional, Garzón hizo posible los futuros desafueros y procesamientos de Pinochet en Chile, el arresto de Alberto Fujimuri después de huir de Perú o la detención de los militares en Argentina involucrados en violaciones de los derechos humanos.
El derecho internacional en el mundo había dado un giro de 180o tal y como advirtieron una década después numerosos juristas internacionales en el seminario El efecto Pinochet, a diez años de la detención de Pinochet en Londres.
Como consecuencia directa de ese cambio, y bajo el paraguas del principio de justicia universal, la Audiencia Nacional investiga hoy 13 causas que afectan a ocho países. Y es que desde 1998 son numerosas las asociaciones y colectivos que presentan en este tribunal sus causas contra sus gobiernos o los ejecutivos de distintos países por delitos de crímenes contra la humanidad, genocidio o tortura con la esperanza de que su causa no caiga en el olvido. La cárcel de Guantánamo, la represión en el Tíbet y los ataques de Israel son actualmente los procedimientos más mediáticos.
Garzón tiene ahora entre sus ma-nos una de las causas estrellas: Guantánamo. El magistrado investiga a la Administración de George W. Bush por las torturas llevadas a cabo en esta prisión a raíz de las denuncias de cuatro prisioneros que estuvieron presos en este centro ilegal de internamiento. También Eloy Velasco, otro de los jueces de la Audiencia Nacional, está investigando a los seis presuntos "responsables jurídicos" de la creación del penal, aunque antes de decidir si admite la querella ha pedido a EEUU que le informe sobre si ha realizado alguno investigación sobre lo sucedido.
La notoriedad de nuestra Justicia es tal que el propio relator de Naciones Unidas contra la Tortura, Manfred Nowak, apuntó el pasado 24 de abril durante una sesión sobre la prevención del crimen y la Justicia penal en Viena (Austria) que España podría juzgar a los responsables de las torturas cometidas por los servicios secretos estadounidenses. "España es famosa gracias al juez de instrucción Baltasar Garzón", dijo. Y no es el único que lo piensa. El diario Público informó ayer que el grupo de juristas que logró desclasificar los papeles de la CIA sobre sus acciones ilegales se ha ofrecido a colaborar en las investigaciones de los dos magistrados españoles ante el temor de que estos delitos queden impunes en EEUU.
Ésta es hoy la causa más mediática pero no la única: en la Audiencia están siendo investigadas la muerte del cámara de Telecinco José Couso en Irak en 2003, la represión en el Tíbet por parte del Gobierno chino, el Holocausto, el ataque de Israel a Gaza en 2002 en el que murieron 14 civiles, las matanzas en Ruanda.... Y la última: Somalia, que mantiene enfrentados al juez con la Fiscalía y el Gobierno. Fernando Andreu quiere juzgar a los 14 piratas capturadas por los militares españoles en Somalia, pero el fiscal ha retirado las cargos en virtud a un acuerdo suscrito por la Unión Europea con Kenia para que los bucaneros sean juzgados en dicho país. El Gobierno se personó anoche en la causa para evitar que el juez libere a los piratas y no los entregue a Kenia.
Tantos son ya los frentes abiertos que el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Dívar, apostó esta semana por reformar algunos aspectos de la regulación de la jurisdicción universal ya que "no nos podemos convertir en los gendarmes judiciales del mundo" o estar en "conflicto diplomático diario".
Una reforma a la que el Gobierno ya ha dicho que no. El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, ha dejado claro que prefiere que sean los tribunales internacionales los que juzguen delitos perseguidos por el principio de jurisdicción universal en detrimento de los tribunales de cada país y rechazó iniciar causas contra otros países democráticos, como Estados Unidos, porque lo "prudente" es aplicar el principio de subsidariedad.
