Emilia tiene 64 años y una discapacidad intelectual severa. Desde hace nueve años, la residencia para gravemente afectados concertada con la Junta y gestionada por la entidad Mater et Magistra en San Juan de Aznalfarache es su casa. Y no tiene otra. Sus padres ya han fallecido. Sabe que "falta dinero" y si el centro tuviera que cerrar "porque no os pagan" su futuro es incierto. "Yo casa ya no tengo". Emilia es de las pocas usuarias de la asociación -que regenta la residencia en la que viven 40 personas, una unidad de día para 45 grandes dependientes y un centro de día con taller ocupacional para 60 personas- con suficiente autonomía para responder a unas mínimas preguntas.
Le "gusta mucho" vivir allí y participar en todas las actividades que su grado de discapacidad le permite, algunas fuera del centro, como los talleres de memoria y bolillos del Ayuntamiento para mujeres mayores de 60 años a los que acude semanalmente gracias a que Irene, una de las educadoras sociales del centro, la acompaña. Su atención no es una labor benéfica, es un derecho que le reconoció la Ley de Dependencia y que prestan entidades con las que las administraciones conciertan unos servicios (sufragados en parte con las pensiones de los usuarios) para los que no tienen suficientes recursos públicos. Por eso Emilia, Irene y el resto de usuarios y trabajadores de Mater et Magistra y de otras 140 entidades integradas en la Confederación Andaluza de Organizaciones en favor de las Personas con Discapacidad Intelectual (Feaps) saldrán mañana lunes a la calle, coincidiendo con el Día de las Personas con Discapacidad, para defender ese derecho.
Mercedes Antúnez es la directora de Mater et Magistra, donde trabajan cien profesionales.
La Junta acaba de pagar a la entidad la factura de agosto y cada día se pregunta "si me cortarán la luz o el teléfono, he priorizado pagar a los empleados pero debo a la Seguridad Social, a Hacienda y a los proveedores", que de momento y "porque son del pueblo" les sirven. Eso sí, las cocineras admiten que los menús se han reajustado. "Pero los niños [como el personal llama genéricamente a todos los usuarios aunque todos son mayores de edad] no se van a quedar sin dulces esta Navidad, ellos son lo primero", dejan claro.
Mercedes es también la madre de Rubén, uno de los usuarios del centro de día, afectado de parálisis cerebral desde que nació hace casi 40 años, los mismos que Mercedes lleva luchando porque "las personas con discapacidad tengan un futuro garantizado". Sobre todo cuando falten sus padres, la gran preocupación de todas las familias. Y que ese futuro "sea acompañarles en un proyecto de vida, no solo darles de comer y cambiarle el pañal porque para eso volvemos a abrir de nuevo los manicomios y los encerramos allí". "No estamos hablando de dinero, son derechos, hacen una ley y luego no la cumplen, ¿esto no se puede denunciar por incumplimiento de contrato? Porque nosotros cumplimos nuestra parte, el servicio lo damos. ¿Hasta cuándo podremos aguantar? No lo sé", subraya. Entiende el contexto de crisis "y habrá cosas que priorizar y otras que ajustar", pero lamenta la falta de interlocución.
"Nos reunimos y solo dicen que hay voluntad y sensibilidad pero sin un calendario de pagos que yo pueda decirle al banco y a los proveedores cuándo van a cobrar".Feaps prevé que a la manifestación de mañana, desde la Plaza de España hasta el Palacio de San Telmo, acudan 6.000 personas entre trabajadores y usuarios de toda Andalucía. El problema de los impagos que están poniendo en peligro la subsistencia de estas entidades y con ello los derechos del colectivo no es exclusivo de las asociaciones que atienden a los discapacitados intelectuales.
Cristina Pavón, de la Fundación Genus, ha tenido que cerrar, y por tanto despedir, uno de los centros especiales de empleo más premiados -atesora 69 reconocimientos- a nivel nacional y europeo:la empresa de serigrafía Cailu, en Alcalá de Guadaíra, que daba trabajo a una veintena de mujeres con discapacidades físicas fruto de haber sido maltratadas, además de gestionar viviendas para víctimas de violencia de género ("de las que nos desahució Emvisesa porque no pagamos el alquiler porque la Junta no nos pagaba"), un taller de oficio y un servicio de orientación laboral. "Algunas han tenido que volver con su maltratador, eso es poner en riesgo la vida de las personas".
La deuda de la Junta con Genus asciende a 700.000 euros pero el déficit de la entidad es de 1,3 millones porque "no nos paga desde 2009 y eso lo hemos cubierto nosotros con créditos que ahora nos generan intereses. Las trabajadoras de Cailu no cobraban desde noviembre de 2011 y las hemos despedido para que al menos cobren el paro, instándolas a que nos denuncien", explica. Pavón, en nombre de la Fundación, también recurrirá a la vía judicial para "denunciar a la Junta por gestión irresponsable".El presidente de Cermi-Andalucía, el Comité de Entidades Representantes de Personas con Discapacidad que aglutina a todas las organizaciones (incluida Feaps), José Manuel Porras, reconoce que son muchas las entidades que deben nóminas a sus empleados "y las que están pagando es a base de créditos". Sin embargo, Cermi no apoya la manifestación del lunes aunque sí acudirá a la del domingo en Madrid contra el Gobierno central.
Defiende que es el Estado "quien ha paralizado la Ley de Dependencia y está haciendo los recortes y desmantelando el sistema". Reconoce que "la Junta no paga y hay un retraso acumulado" y de hecho inicialmente Cermi amagó con protestas, pero asegura que "se están desbloqueando pagos" por la vía de la negociación. "Es nuestra hoja de ruta", alega. Sobre la mesa también han puesto que se fije un calendario de pagos para 2013 y que la Junta asuma los intereses de los créditos que las entidades están pidiendo para funcionar y medie con los bancos. El lunes no saldrán a la calle pero tampoco organizarán actos lúdicos como otros años para celebrar el Día de las Personas con Discapacidad. Solo acudirán con su manifiesto reivindicativo para que sea leído en el Parlamento. Al margen de las distintas estrategias del movimiento asociativo, existe una preocupación común: que la crisis haga retroceder 30 años los logros alcanzados en cuanto a los derechos de las personas con discapacidad.
La traducción de esto tiene nombre y cara. Si las administraciones no pagan a las entidades, Irene y Mari Carmen (educadoras sociales), Pepa (cocinera) o Lucía (psicóloga) no cobran y Emilia no podrá salir y relacionarse, volverá a estar oculta en casa; Mari Carmen no pasará la mañana en el centro de día haciendo cestas para vender sino en un sillón frente a la tele; nadie evitará que Cheche (autista) se golpee para llamar la atención; a Enrique no le comprarán zapatos nuevos ni tendrá a quién enseñárselos orgulloso; y la alimentación, higiene y atención sociosanitaria de muchos más dependerá de sus familias mientras puedan atenderlos o de la caridad.
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