Es el mensaje que los responsables políticos y las campañas de sensibilización contra la violencia de género repiten una y otra vez:la denuncia es imprescindible tomando las precauciones oportunas para no aumentar el riesgo para que se ponga en marcha el sistema de protección. Y las estadísticas constatan que, desgraciadamente, no acaba de calar del todo ya que de las 12 mujeres asesinadas este año en España a manos de su pareja o expareja (una en Sevilla) solo tres habían denunciado malos tratos y una de ellas, precisamente la víctima asesinada el mes pasado en Écija, había retirado la denuncia, Ninguna tenía medidas de protección en vigor ya que, aunque en dos casos lo habían solicitado y logrado, también renunciaron y en un tercer caso ya había caducado. Sin embargo, el informe del Observatorio contra la Violencia de Género del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) revela que en los juzgados sevillanos las presuntas víctimas no tienen fácil obtener una orden de protección. De las 1.792 solicitadas el año pasado, 1.203 fueron denegadas (66%) y 589 concedidas. Las once pedidas por personas distintas a las víctima el fiscal (siete), familiares y allegados (una) o de oficio (tres) sí fueron aceptadas.
Concentración por el último crimen en Écija.
En Sevilla no es nuevo que haya más solicitudes denegadas que aceptadas, algo que no ocurre en ninguna otra provincia andaluza y solo en otras siete provincias del país. Pero la proporción va en aumento (de media estatal, el 61% son estimadas). En 2011 fueron denegadas el 58,7% de las 1.783 solicitadas. Solo en Barcelona, el porcentaje de órdenes de protección denegadas es ligeramente mayor (66,9%). En el resto de provincias con más peticiones rechazadas que aceptadas (Asturias, Cantabria, León, Valladolid, Madrid y Gerona) poco más de la mitad de las solicitudes son denegadas.
En la comunidad, el dato sevillano es llamativo cuando, por ejemplo, en Almería solo una de las 333 órdenes solicitadas no fue concedida, en Cádiz 194 de las 1.305 pedidas, en Granada 18 de 378 o en Jaén 77 de 417.
En 2012 se presentaron en total en los juzgados sevillanos 1.803 solicitudes de órdenes de protección y en 967 casos la víctima aún mantenía la relación afectiva con el presunto agresor en el momento de pedir esa medida cautelar, mientras que en 836 casos ya había roto con él.
Sevilla sigue la misma tendencia que el resto del país es en el descenso de denuncias. Frente a las 7.826 presentadas en 2011, el año pasado fueron 6.647, un 15% menos. Pero de nuevo la caída es más pronunciada ya que la media nacional es del 4,1%. La presidenta del Observatorio, la magistrada granadina Inmaculada Montalbán, vinculó ayer esta disminución de las denuncias con la crisis que no favorece que las mujeres salgan del círculo de la violencia. La dependencia económica, que también ha hecho descender el número de separaciones, se convierte en los casos de malos tratos en un hándicap más para romper el vínculo.
Entre las víctimas que finalmente dan el paso (aunque solo el 8,5% de las denuncias parten directamente de las mujeres, la mayoría tiene el origen en un atestado policial aunque los agentes logren incorporar a éste la denuncia de la víctima), el volumen de renuncias ha bajado ligeramente del 16 al 14,9% en el último año pero sigue siendo superior a la media nacional (12,1%). De las 6.647 denuncias presentadas en 2012 (lo que supone una tasa de 67,2 por cada 10.000 sevillanas frente al 79,6 del año anterior), 993 fueron retiradas durante el proceso. En el 27% de los casos denunciados, los jueces dictaron medidas cautelares de protección.
El año pasado fueron enjuiciadas por violencia de género en los juzgados sevillanos 678 personas (cuatro de ellas mujeres) y 288 fueron condenadas, lo que supone el 42,5%, una proporción que se mantienen exactamente igual que en 2011 (de las 4 mujeres juzgadas, tres fueron absueltas).
La presidenta del Observatorio puso en valor el esfuerzo social e institucional realizado en los últimos años y expresó su confianza en que los recortes económicos no afecten a la lucha contra este tipo de delincuencia. Por ello, pidió que se mantengan todos los recursos necesarios e imprescindibles para asistir de manera integral y recuperar a las víctimas.
En Andalucía, la Junta y el Ministerio del Interior trabajan en la conexión de sus respectivos servicio telemáticos de gestión y atención a las víctimas para intercambiar, en tiempo real, la información sobre las mujeres protegidas. El primer paso será la habilitación en modo consulta de los operadores del Punto de Coordinación de las Ordenes de Protección en Andalucía, que comunica e informa de las medidas de los servicios de asistencia (SAVA) y de los centros provinciales del IAM, y del Sistema de Seguimiento Integral del Ministerio. Desde 2009, este Punto de Coordinación ha atendido a 6.000 mujeres.
