Los tribunales han anulado en tiempo récord casi todas las "expulsiones" de alumnos sospechosos de fraude y han ordenado el reingreso de cerca de 200 niños en centros católicos. Los jueces han dejado sin efecto el sistema de escolarización de la Junta por "basarse en el azar" y han abierto un proceso paralelo distinto, con criterios opuestos a los de Educación.
La segunda escolarización masiva que ha surgido de los juzgados de lo Contencioso Administrativo de Sevilla ha lanzado un mensaje claro a la sociedad: El que no consiga plaza en un colegio católico por la vía administrativa, puede lograrlo en los juzgados.
Antes de valorar si los alumnos falsearon su matrícula para estudiar en un colegio católico, los jueces de lo Contencioso han firmado casi 200 medidas cautelares, que superan de largo a las de 2007, revocando las expulsiones que Educación había ordenado y devolviendo a los chavales a los concertados de donde los habían sacado. Los jueces llevan anulando las decisiones de la Delegación provincial de Educación desde julio, pero sobre todo en las últimas dos semanas, sin que aún hayan dejado de entrar denuncias en los juzgados. Por ahora, y con el curso empezado, los niños volverán a sentarse en sus aulas hasta que llegue el juicio, donde los jueces sí entraran a considerar quién tiene razón. Aunque el parecer de los magistrados sobre el fondo del asunto no hará que el resultado final difiera mucho de éste.
"Cuando no hay plazas suficientes para cubrir la demanda, la Consejería de Educación hace un sorteo. Y nosotros no aceptamos el azar frente a la Constitución", argumenta uno de los magistrados. En todos estos litigios entre la Junta y los padres de alumnos expulsados se reproduce el mismo choque de intereses: por un lado, la Administración educativa alega que no es posible meter en un colegio a todos los alumnos que lo soliciten, porque sin un límite de niños por aula (ratio escolar), la educación es inviable. Los jueces entienden que la ratio está sujeta a una ley "razonable", pero alegan que esa normativa es "infraconstitucional", y que el derecho a elegir la educación religiosa y moral, recogido en el artículo 27.3 de la Carta Magna, "tiene un asidero en la Constitución". Así que se trata de un pulso desigual.
'Desbordados'. La Delegación reconoce estar "desbordada" por el papeleo y llama la atención sobre "la oleada de alumnos que cambiarán de colegio con el curso empezado". Pero Sevilla no es el único caso en el que la política de escolarización está siendo literalmente desmontada en los tribunales.
Varios delegados provinciales, entre ellos Jaime Mougan, han elevado a la consejera Teresa Jiménez su "preocupación", alertándole de que la doctrina del TSJA ha consolidado una vía alternativa para lograr plaza en la concertada, y que permite saltarse lo establecido en la Ley Orgánica de Educación.
Según los jueces consultados, si un niño ha pedido entrar en un colegio católico de su barrio, tiene un derecho preeminente a entrar. Y si 200 niños han pedido entrar en un colegio católico, tienen el mismo derecho. "No se da privilegio a un concertado concreto. Si la Junta le hubiera ofrecido como alternativa el concertado de al lado, se rechazaría el recurso. Pero no se ha dado ningún caso así. La Junta ofrece los públicos como alternativa y los sevillanos los rechazan", explican los jueces. Por contra, los padres que han recurrido para lograr plaza en un colegio público vieron denegada su petición, "porque no persiste el derecho a la educación religiosa".
Los autos judiciales están provocando un colapso en algunos centros católicos, que cada día tienen que escolarizar a dos o cinco alumnos nuevos. Educación tiene que devolverle la plaza a ese chico, pero a la vez no puede quitársela al que estaba en lista de espera y entró tras ser expulsado el alumno acusado de fraude. Los magistrados no se sienten responsables de que rebosen las aulas, "porque eso es una deficiencia de un sistema de escolarización arbitrario". "Educación ha generado un problema que tenemos que resolver nosotros", asegura un juez.
