Los 771 municipios andaluces serán los primeros de España que podrán participar por ley en los tributos de la comunidad en función de su población, su tamaño y su capacidad fiscal. Además una ley delimitará las 29 competencias básicas de los ayuntamientos.
"Es un día histórico", defendió el consejero de Gobernación, Luis Pizarro. El Consejo de Gobierno comenzó ayer la tramitación de dos leyes que dibujarán una nueva arquitectura política para los ayuntamientos andaluces para los próximos 10 ó 15 años. El Ejecutivo de José Antonio Griñán será el primero de España en aprobar una Ley de Autonomía Local y una Ley de Participación de las Entidades Locales en los tributos de la Comunidad. Ambas normas está previsto que lleguen al Parlamento antes de final de año para que se aprueben en el primer semestre de 2010. Queda por ver si PP e IU se sumarán.
Los ayuntamientos andaluces serán los primeros en tener garantizada por ley su participación en los tributos de la comunidad, aunque eso, de momento en 2010, no supondrá más recursos ni solucionará su asfixia financiera. Se creará un fondo incondicionado similar al actual Fondo de Nivelación. En la actualidad, el grueso de los ingresos de las arcas locales llega de la participación en los ingresos del Estado (PIE). Seguirá siendo así. La Junta, recordó la consejera de Economía, Carmen Martínez Aguayo, ofrece "recursos adicionales" a través de dos instrumentos: el Plan de Cooperación Municipal y el Fondo de Nivelación. El primero, dotado de 1.300 millones en 2009, inyecta dinero a los consistorios ligado a proyectos concretos. El segundo, que ascendió a 159 millones este año, son recursos incondicionados que cada alcalde decide libremente en qué gastar. Esa financiación incondicionada es la que exigen los ayuntamientos y ese Fondo de Nivelación es el que se traducirá por ley en un Fondo de Participación de las Entidades Locales en los Tributos de la Comunidad. Ya no quedará al albur del Gobierno.
El Ejecutivo andaluz pidió comprensión ante el momento de crisis y solicitó a los ayuntamientos que reconozcan "el esfuerzo" que supone en el Presupuesto de 2010 mantener intacta la partida municipal. El impacto económico aún no está tasado, según explicó la consejera del ramo, aunque el compromiso de la Junta es "congelar" la cantidad actual. Es decir será "como mínimo" de 159 millones. Cifra que respecto a los tributos financieros propios de la comunidad (3.140 millones de euros en 2009) no equivale más que al 5%.
La ley se referirá a esa cifra "como un mínimo", según trasladó Martínez Aguayo, y se recogerá que esa cantidad deberá evolucionar en ños posteriores "conforme evolucionen los ingresos de la comunidad". Además se incluirá una cláusula de statu quo que garantice que ningún municipio pierda recursos una vez que entre en vigor la norma. Los criterios de reparto atenderán a cuestiones como la población, la superficie, la dispersión geográfica o la capacidad fiscal. La otra vía de financiación, el Plan de Cooperación, seguirá vigente aunque, tal y como piden los alcaldes, podrá disminuir en recursos para nutrir con más dinero el fondo incondicionado.
La oposición no está en absoluto de acuerdo y exige más recursos. Sobre las dos demandas clave del PP para suscribir estas leyes: que el fondo incondicionado se aplique con carácter retroactivo y que se amplíe la participación de los ayuntamientos a todos los ingresos de la comunidad, la respuesta dede la Junta fue tajante: no. Las leyes entran en vigor cuando se aprueban, defendió la consejera de Economía (aunque el carácter retroactivo fue una promesa que realizó su Gobierno en el Parlamento en 2009). Y el Estatuto define con claridad la participación en los tributos. "Ese debate ya quedó superado en la reforma estatutaria, el PP debería dejar de liar", zanjó Pizarro.
La otra ley, la de Autonomía Local, fijará un paquete de 29 competencias que actualmente ya están en manos de los ayuntamientos. El Gobierno andaluz no quiso especificar de qué materias se tratan. Hoy se lo trasladará a los alcaldes. Además abrirá la posibilidad de negociar nuevos traspasos o de delegar competencias exclusivas de la Junta, siempre que los alcaldes estén de acuerdo. Se hará por ley o por decreto, explicó Pizarro.
Este paquete legislativo colma una demanda histórica de los ayuntamientos, que llevan décadas clamando porque se escriban negro sobre blanco sus competencias y se les dote de más financiación. Los alcaldes, que se ocupan de la administración más próxima al ciudadano, defienden que sobre sus hombros recaen servicios que legalmente no les corresponde, aunque en la práctica lleva años ejerciendo. A su puerta, expresan gráficamente, es la que llaman los vecinos. Es uno de los males que, aseguran, ha convertido a las arcas locales en las más endeudadas.
A mediados de los años 90, el entonces presidente de la Junta, Manuel Chaves, anunció por vez primera la culminación del llamado Pacto Local Andaluz. Se han dado muchos pasos, incluso en 2001 hubo un intercambio de documentos entre la Junta y la Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP), pero hasta ayer no llegó un texto legal. El gran responsable de esas dos leyes es el Estatuto de Autonomía. La norma básica, en vigor desde marzo de 2007, contiene una decena de artículos que definen el papel de los ayuntamientos. El Estatuto, que votaron PSOE, PP e IU, ordena la elaboración de estas dos leyes. Serán pioneras en España después de que el presidente José Antonio Griñán se comprometiera en su investidura a acelerar la descentralización hacia los municipios.
