Desde hace una década llevaba reclamándolo el sector oleícola, mas no ha sido hasta el 1 de marzo de 2011 cuando ha entrado en vigor la norma regional que permite la utilización como abono de los residuos líquidos originados en las almazaras durante el proceso de extracción del aceite de oliva. Es una iniciativa que parte de la Consejería andaluza de Agricultura, de marcado carácter medioambiental, aunque también económico dado el incremento de precios que están registrando los fertilizantes químicos.
Por tanto, ahorro para el agricultor y, además, alivio para la industria, que así puede dar salida a estos efluentes, que a principios de los noventa, tras el cambio en el sistema de producción del oro verde, sustituyeron al antiguo -y contaminante- alpechín y redujeron drásticamente (a la cuarta parte) el volumen de residuos de la industria.
Se trata de las aguas de lavado de la aceituna y del aceite que solamente cabía eliminar a través del secado, método que ocasiona inconvenientes en las almazaras, sobre todo durante el invierno, la estación en la que se molturan las aceitunas. Carecen de valor económico pero, en cambio, sí lo tienen desde el punto de vista agronómico por su composición química, un cóctel de nitrógeno inorgánico, materia orgánica, calcio, magnesio, sodio, potasio y fósforo que agradecen los suelos agrícolas.
En 1990 se iniciaron en la provincia jiennense las primeras experiencias de uso de efluentes en los cultivos, y ahora es cuando la Consejería establece quién puede utilizarlos, en qué cantidad y para qué tipo de producciones. No hay que olvidar que, al tratarse de residuos, se debe concebir un protocolo para que su impacto sobre la naturaleza sea benigno y no dañino.
De hecho, la almazara que aspire a adjudicar estas aguas a los agricultores deberá presentar un plan a la Consejería que recoja un análisis de aquéllas y otro con el de los suelos receptores, además de la autorización de los dueños de éstos y de las comunidades de regantes.
Exclusiones. No se podrán emplear más de 50 metros cúbicos de este tipo de efluentes por hectárea, al tiempo que se deberá respetar un área de exclusión: distancia mínima de 500 metros respecto a los núcleos urbanos y 100 metros respecto a cauces (ríos, arroyos, etc.) y playas. Estas exigencias son para los riegos por superficie (esto es, el subproducto es distribuido por toda la superficie de la parcela a través, por ejemplo, de canales de riego o mediante un camión cisterna). No serán necesarias en los sistemas de regadío localizado (o goteo), ya que, en este caso, el residuo no se esparce, va a la planta directamente.
La normativa, asimismo, pone limitaciones -no para el riego localizado- en terrenos ubicados en pendientes (por ejemplo, laderas) o proclives a las escorrentías (las corrientes con agua de lluvia que se precipitan con fuerza y así erosionan el suelo), al tiempo que excluye su empleo en parcelas arenosas o salinas -como es el caso de los arrozales de las marismas del Guadalquivir-. La clave, la capacidad de infiltrado que posean las explotaciones.
No sólo se establecen controles previos, sino también con posterioridad a los riegos con los residuos de la industria aceitera. La persona responsable del plan de usos habrá de presentar cada año ante la Consejería un informe detallado de su ejecución -dónde se han empleado, el volumen, etcétera- y las previsiones para la siguiente campaña.
Por lógica, es preceptiva la autorización de este departamento de la Junta de Andalucía para que las almazaras -que se encuentran repartidas por toda la región, con cercanía a los campos, lo que reduce el coste del transporte- puedan utilizar ese nuevo fertilizante en las fincas.
La Consejería que dirige Clara Aguilera advierte de que acometerá dos tipos de controles: el administrativo y sobre el terreno. Y cualquier anomalía, precisa, será comunicada al departamento de Medio Ambiente del Gobierno regional si comporta riesgo para el entorno natural.
"El quebrantamiento de las citadas condiciones técnicas y de sus planes de gestión podría suponer la revocación de la autorización, sin perjuicio de las sanciones correspondientes que imponga Medio Ambiente y que oscilarán entre 600.000 y un millón de euros".
No obstante, Aguilera destaca la importancia de esta iniciativa, que, dice, convierte en fertilizante agrícola lo que antes se consideraba un residuo. Se agrega, además, a la colaboración de su Consejería y las de Medio Ambiente y Economía para que las empresas del aderezo de la aceituna de mesa implanten sistemas de depuración.
"Se trata de una reivindicación histórica de las cooperativas que posibilitará restituir al suelo nutrientes extraídos, con beneficios medioambientales y una reducción de costes", dicen en Faeca.
A tener en cuenta
El problema. Antes, los efluentes líquidos o residuos de las almazaras requerían extensas balsas para su almacenamiento y evaporación, así como depuradoras que conllevaban una importante inversión y un mantenimiento.
Las lluvias. Durante la campaña pasada, las almazaras, según la federación de cooperativas Faeca, se toparon con el problema de las abundantes lluvias, que se acumularon en las balsas.
La solución. Las almazaras disponen ahora de una alternativa más económica a la hora de dar salida a sus efluentes, los cuales presentan "múltiples beneficios en su aplicación agrícola", comenta Faeca.
