Los huelguistas del transporte público finalizaron el jueves la huelga que han mantenido durante nueve días en los ferrocarriles y la red urbana de París y su región. No lograron que el gobierno renunciara a ampliar el período de cotización pero aceptaron negociar sus términos.
A las 50 asambleas que interrumpieron el miércoles el paro, se unieron el jueves otras 40, animadas por el nuevo clima creado por las ofertas de mejora hechas el miércoles en la apertura de la negociación formal de directivos de las empresas, sindicalistas y representantes del Gobierno.
La jornada había empezado con buenos augurios, ya que las compañías daban unas previsiones de funcionamiento de cerca del 70% en los trenes, mientras que en los autobuses de París llegaba al 75% y en el metro oscilaba entre el 33% y el 50%.
Termina así el primer gran conflicto planteado por los sindicatos contra el Gobierno conservador de Nicolas Sarkozy, por su proyecto de reforma del régimen especial de acceso a la pensión que tienen medio millón de trabajadores de empresas públicas, entre ellos los de los transportes y la energía.
El Ejecutivo no renuncia a ampliar, de 37,5 a 40 años, el período de cotización para esos empleados, y equipararlos así al régimen general de jubilaciones, pero las ofertas hechas el miércoles suavizan esa perspectiva desde el punto de vista de los sindicatos.
A falta de ser desarrolladas en próximas reuniones, la dirección de la Sociedad Nacional de Ferrocarriles (SNCF), con el respaldo del Gobierno, propuso que algunas primas sean aceptadas en el cálculo de la pensión y se apliquen otras mejoras en la antigüedad o la penosidad del trabajo, que los sindicatos acogieron favorablemente.
A los transportistas les relevaron los funcionarios. Los ochos sindicatos que representan al funcionariado galo amenazaron el jueves con nuevas acciones a primeros de diciembre si el Gobierno no da respuestas a sus reivindicaciones de mejora del poder adquisitivo. Mientras, varios miles de estudiantes se manifestaron en diversos puntos de Francia para protestar contra la ley para la autonomía de las Universidades.
Los funcionarios exigen, además, la retirada del proyecto de no sustituir en los próximos años a la mitad de los trabajadores públicos que se jubilen.
