La presidenta del Gobierno andaluz, Susana Díaz, convocó ayer en San Telmo a la patronal y a los sindicatos CCOO y UGT para trasladarles el mismo compromiso de su antecesor por la creación de empleo, por agilizar los trámites administrativos para facilitar la apertura de empresas y por una reforma progresiva del modelo productivo andaluz. La cita fue más protocolaria que estratégica. La presidenta y los agentes sociales decidieron volver a reunirse para sentar las bases de los futuros acuerdos de concertación social, que deberán definir la estrategia económica de la Junta entre 2014 y 2020. Se trata de un gran pacto entre el Gobierno andaluz, los empresarios y los sindicatos que, en el pasado, sirvió para dibujar un clima de paz social que ha facilitado el ejercicio de la política. Durante la crisis, esta imagen de unidad también ha servido a la Junta para distinguirse del clima de crispación social contra el Gobierno de España. Sin embargo, también ha tenido que esforzarse por reivindicar el uso de fondos públicos para la creación de empleo, empañados por el escándalo de corrupción de los ERE y el presunto uso ilícito de ayudas a los parados.
Díaz quiere reeditar ese gran pacto en el comienzo de su mandato, ahora que están a punto de expirar los últimos acuerdos de concertación social. Pero no hace ni tres meses que CCOO y UGT firmaron con el anterior presidente, José Antonio Griñán, el Pacto por el Empleo, en el marco del Pacto por Andalucía. De ese gran acuerdo, confesó ayer el líder andaluz de CCOO, Francisco Carbonero, no se ha concretado nada. Excepto una reunión para marcar los compromisos 2014-2020, no se ha hecho nada, subrayó.
El pasado junio, además, cumplió un año de vigencia el Plan de choque por el Empleo, una iniciativa que Griñán presentó en su último discurso de investidura, y que buscaba crear casi 12.000 puestos de trabajo en la reforma de colegios, viviendas y en la limpieza de bosques. El plan, dotado con 200 millones de euros, ha sido renovado y prolongado con otros 200 millones, sin que el Gobierno andaluz haya hecho balance del primero ni explicado si ha funcionado y cuál ha sido el nivel de contratación. Tampoco hay cifras sobre el grado de ejecución del decreto ley contra la exclusión social, aprobado en primavera. Este contiene, entre otras medidas, un plan de contratación de parados de larga duración a través de los ayuntamientos. Antes de firmar y comprometerse con la concertación social y con futuros planes de empleo, los sindicatos advirtieron ayer a la presidenta de que es imprescindible hacer balance de los planes anteriores. Se dice que se invierten tantos millones para crear tantos empleos y luego no se sabe si eso ha sido así o no, dijo Carbonero, que admitió no haber logrado cifras sobre los resultados de los planes de la Junta, pese a haberlos pedido insistentemente.
Ahora que la presidenta Díaz ha recuperado el discurso de cambiar la cultura de la subvención por el incentivo, los sindicatos aprovecharon para pedirle que apruebe una norma para que cualquier proyecto o iniciativa apoyada con fondos públicos deba responder con la contratación de un porcentaje alto de parados de larga duración. Tanto Carbonero como el líder de UGT, Francisco Fernández, también reivindicaron su papel de formadores en las políticas activas de empleo. Los cursos de formación no son un incentivo de los sindicatos.
Impuestos // Las reuniones de ayer una hora con patronal, una hora con sindicatos abren una ronda de contactos en los que Díaz reproduce punto por punto los mismos acuerdos que ha sellado Griñán (mañana se reúne con los rectores). Los encuentros coinciden con la última fase de la elaboración de los próximos Presupuestos autonómicos, que afrontan un dificilísimo equilibrio entre gastos e ingresos, con un raquítico margen de déficit del 1% del PIB. El presidente de la Conferencia de Empresarios Andaluces, Santiago Herrero, aseguró que la presidenta se ha comprometido a no incrementar la presión fiscal en las cuentas de 2014. Es decir, que no habrá nuevos impuestos. Pero el socio de Gobierno (IU) no quiere volver a aplazar otro año más la implantación del impuesto a las grandes superficies comerciales. Es una tasa que gravaría a centros comerciales, como Carrefour, Ikea, El Corte Inglés..., y con la que la Junta prevé ingresar entre 15 y 20 millones.
La patronal presiona para que el impuesto no se apruebe, a pesar de que está recogido en el pacto de Gobierno PSOE e IU. Los socialistas creen que no es el momento. Díaz, a juzgar por lo que dijo Herrero, lo da por descartado, pero la federación de izquierdas no quiere claudicar. IU cree que la tasa a las grandes superficies debe incluirse en la ley de Presupuestos Autonómicos, como han hecho las comunidades donde ya existe este impuesto, caso de Cataluña y Asturias, que además lo aprobaron con el apoyo del PSOE.
