El Gobierno respondió ayer a los anuncios de movilizaciones y actos de protesta promovidas por las organizaciones sindicales contra el plan de recorte del déficit, que cada vez acercan más la huelga general, con un agradecimiento a la paz social que los sindicatos han favorecido en los dos últimos años, coincidiendo con la plena efervescencia de la crisis.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega reconoció las diferencias existentes con ellos en torno a las medidas para recortar el déficit público, pero se mostró convencida de que el objetivo perseguido es compartido, "asegurar el bienestar presente y futuro de los españoles".
Es más, De la Vega agradeció a los sindicatos la "responsabilidad" con la que han actuado en los últimos dos años y que se mantengan en la mesa del diálogo social a pesar del disenso, al tiempo que mostró su deseo de que en los próximos días se pueda llegar a un acuerdo en torno a la reforma laboral.
Y ello a pesar de la convocatoria de huelga general en el sector público, que dijo respetar y que pareció incluso justificar. "Somos conscientes del esfuerzo que estamos pidiendo al conjunto de la sociedad", apostilló.
Además, les lanzó un guiño al asegurar que "seguimos estando al lado de los trabajadores y en cuanto la economía se recupere, volveremos a impulsar nuestro proyecto de fuerte compromiso social", abundó.
Por su parte, el sindicato CCOO anunció que prepara una movilización general en la calle y en las empresas contra el plan de ajuste del Gobierno. Es la decisión se tomó tras la reunión del secretario general del sindicato, Ignacio Fernández Toxo, con los secretarios generales de federaciones y organizaciones territoriales, en la que reiteraron la gravedad de unas medidas que, dicen, frenan la recuperación y quiebran la legitimidad social.
CCOO señaló que el Gobierno lleva al país a una situación de desastre y que está traspasando todos los límites posibles, que conduce a la confrontación.
Pero la huelga en el sector público podría ser sólo el comienzo. El secretario general de CCOO, Ignacio Fernández Toxo, afirmó que "debería haber un amplio proceso de movilización entre los millones de pensionistas" y no descartó "otros escenarios" que, según dijo, "se irán concretando en próximas fechas". En declaraciones a Telecinco, afirmó que el paro general en el sector público es "la primera reacción" a unas medidas de ajuste del Gobierno que, a su juicio, "merecen el máximo reproche social posible". "Hay que articularlo", añadió.
El sindicato abogó por la reforma del sistema financiero y una fiscalidad progresiva que recupere algunas figuras tributarias, como Patrimonio y Sucesiones, y por una decidida lucha contra el fraude.
UGT también manifestó su "máximo apoyo" al paro del sector público y anunció que analizará una "respuesta proporcionada y contundente" ante los recortes sociales anunciados por el Gobierno. Así lo consideró la Comisión Ejecutiva Confederal que también se reunió ayer en sesión extraordinaria para rechazar las medidas contra el déficit porque "entorpecen" el diálogo social y "rompen" el consenso alcanzado en el Pacto de Toledo.
El próximo lunes el Consejo Confederal de UGT debatirá la respuesta que dará, en unidad de acción con CCOO, sobre la posibilidad de una huelga general.
Según UGT, el Gobierno "ha cedido" a la presión de los mercados financieros y ha iniciado un camino de recortes sociales que "no se sabe dónde va a acabar", y recuerda que las medidas de recorte social afectarán a nueve millones de familias y "no van a solucionar el paro" sino que "entorpecerán" la recuperación económica.
Asimismo, alertó de que el ajuste para frenar el déficit "tampoco ayuda" a la marcha del diálogo social, aunque UGT reafirmó su voluntad de alcanzar un acuerdo con la patronal.
Sorpresa del PP. La secretaria general del PP, María Dolores de Cospedal, expresó ayer su sorpresa por que los sindicatos no plantearan una huelga general para protestar por los "4,6 millones de parados" y ahora lo hagan por la rebaja de los sueldos de los funcionarios.
La empresa pública, sin recortes
La vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, aclaró ayer que el recorte salarial del 5% anunciado para los empleados públicos no afectará a los trabajadores del sector empresarial estatal al estar sujetos al ámbito de la negociación colectiva, lo que "hay que respetar".
En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, De la Vega explicó que dentro de las empresas de titularidad estatal el recorte sólo se aplicará a los directivos, en tanto que para el resto de trabajadores habrá que ceñirse a la negociación colectiva. También se verán afectados por la rebaja salarial "todos los empleados públicos: funcionarios, estatutarios y laborales", que dependan de las diferentes administraciones públicas (central, autonómica y local).
De la Vega contestó a una pregunta sobre este aspecto del recorte salarial, después de las aclaraciones reclamadas hoy públicamente desde los sindicatos, que también pidieron que se detalle cuanto antes la rebaja exacta para cada tramo salarial para acabar con la incertidumbre de un colectivo de más de 2,5 millones de personas.
En este sentido, reconoció que las medidas son "duras, difíciles y dolorosas", y aseguró que al Gobierno también "le duele y le afecta" tomarlas, pero es consciente de que tiene que hacerlo para "formar el modelo de sociedad que defiende y en el que cree". "Que nadie dude de que el compromiso social del Gobierno sigue siendo el mismo", dijo, y añadió que si se han tomado medidas "excepcionales" es para responder a una situación excepcional, pero no significa que el Ejecutivo esté renunciando a sus principios.
