Luis Oliver se ha hecho cargo de la gestión del Betis en nombre de Bitton Sport. El empresario hace y deshace a su antojo y no se cansa de tomar medidas que sabe que gustan al bético, en primer lugar porque son populistas y en segundo porque son radicalmente opuestas a lo que hacía Manuel Ruiz de Lopera, y ya se sabe que una de las fijaciones del nuevo mandamás es dejar claro que él no tiene nada que ver con el anterior. De ahí la rebaja del precio de los abonos, las entradas gratis para el amistoso ante el Atlético o la destitución del director deportivo. "El 90% de las medidas están aprobadas moralmente por el beticismo", aseguró ayer. También explicó el cese de Manuel Momparlet con esta crudeza: "Se ha gastado casi 100 millones de euros en cuatro años y el balance es que se descendió y no se subió. No podía continuar, no sé cómo hay gente que todavía lo defiende".
El problema es que el poder de Oliver en el Betis aún provoca dudas. No ya por su falta de peso accionarial, reducido a la nada tras el auto de la jueza Alaya, sino por su simple presencia como consejero. Argumenta el navarro que fue designado por cooptación, es decir, para ocupar una vacante, la de Lopera. Pero la ley de sociedades anónimas, en su artículo 138, exige que el consejero elegido por este sistema debe ser accionista de la sociedad. Es seguro que Oliver no tiene ninguna acción de Farusa. Otra cosa es que Lopera le vendiera alguna de las suyas. En caso contrario, la ley es clara: el nombramiento sería nulo.
