Manifestación contra el asesinato de una mujer y su hijo en Málaga el año pasado. / Jorge Zapata (EFE)
El número de mujeres asesinadas por sus parejas en lo que va de año en España se eleva a 40, nueve de ellas en Andalucía. El denominador común de la mayoría de estas víctimas de la violencia de género es haber callado que estaban viviendo un infierno con sus compañeros o exparejas. No habían denunciado, lo que equivale a que no se hubiese puesto en marcha la maquinaria administrativa para frenar su martirio.
Para proteger a mujeres y menores maltratados que no denuncian su situación por miedo, la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía está elaborando un plan de detección precoz de violencia de género que será pionero en España: la Policía adscrita a la Junta de Andalucía y los agentes locales serán formados para que actúen de forma asistencial y preventiva. Harán un seguimiento a las presuntas víctimas de malos tratos sin necesidad de que haya una denuncia de por medio, tal y como ocurre en estos momentos.
Para poder llegar a estas víctimas de la violencia de género que están en la sombra se creará en los municipios de Andalucía un órgano integrado por miembros de la sanidad, educación y de todos los estamentos de la sociedad que puedan tener información de supuestos casos de malos tratos, para dar la voz de alerta a la Policía y así sus efectivos comiencen a hacer un seguimiento de las personas que puedan estar viviendo en su casa episodios de violencia de género.
El Consejero de Justicia, Emilio de Llera, remarca que hay que estar en alerta y poner todos los medios disponibles para acabar con esta lacra, «porque no se puede tolerar que sigan matando a mujeres». Afirma que hay signos externos significativos que pueden evidenciar que una persona es maltratada. De Llera pone los ejemplos de una mujer que acude con frecuencia a un centro de salud con golpes o de un niño que iba bien en el colegio y de forma sorpresiva tiene estrés y carece de capacidad de concentración. Estas señales pueden ser el indicio de que están viviendo una situación conflictiva en su hogar. Por ello, el consejero manifiesta que el órgano que se quiere poner en funcionamiento en todos los municipios es donde se plantearían todos estos casos para empezar a actuar. «Ahora no tenemos un lugar donde confluyan todas las informaciones que están interrelacionadas y que pueden ayudar a detectar casos de maltrato, por ello el plan incluye crear este grupo de trabajo que analizará de forma conjunta todas las informaciones que le lleguen y si hay varios signos o uno que sea lo suficientemente relevante sobre una persona se avisará a la Policía para que inicie la labor de vigilancia», explica de Llera.
El consejero admite que cuando una mujer llega a un hospital o centro de salud con algún signo de violencia, los sanitarios se lo comunican al juez, pero reconoce que muchos de estos casos se archivan porque la presunta víctima no denuncia o no admite la agresión, «esta circunstancia se puede repetir en varias ocasiones, pero al final no queda constancia de ello porque cuando un caso se archiva se olvida». Lo novedoso de la iniciativa de la Junta está en que ahora además de al juez se denunciará a la Policía para que realice una labor preventiva y asistencial sin que la presunta víctima o persona de su entorno haya denunciado.
La experiencia piloto de este programa se pondrá en marcha en otoño en dos o tres municipios para detectar las posibles lagunas que pueda tener la medida y así corregirlas. Más adelante se implantará de forma progresiva en otros municipios.
El titular de Justicia reconoce que este proyecto no requiere un presupuesto adicional, «pero si hiciese falta estoy dispuesto a sacar el dinero de donde sea, porque hay que acabar con el chorreo de muertes que se podían haber evitado».
Respeto a la necesidad de ampliar la plantilla policial, De Llera asegura que no es necesario, «porque hay suficientes agentes locales en Andalucía, personal muy profesional, pero que en algunos temas como éste está desaprovechado».
Junto a esta medida, la Junta también está formando a los agentes para que cuando intervengan en un episodio de violencia de género hagan fotos del escenario y tomen declaración a los testigos, «para no dejar sola a la víctima y que la única prueba incriminatoria contra el agresor sea la declaración de la mujer, que puede estar presionada por la familia para que retire la denuncia», señala el consejero, quien remarca que ahora por falta de pruebas hay culpables que son absueltos.
La Consejería de Justicia para ayudar a las víctimas de violencia de género tiene además el Servicio de Asistencia a las Víctimas en Andalucía (SAVA), donde en 2013 fueron atendidas 10.072 personas, el 80% mujeres, y el punto de Coordinación de Violencia de Género, que se encarga de gestionar las medidas cautelares de alejamiento de los agresores y las órdenes de protección de las afectadas que le remiten los tribunales.
A estos dos servicios hay que sumar la red de Puntos de Encuentro Familiar (PEF) y las unidades de valoración integral de violencia de género de los institutos de medicina legal de Andalucía, en las que los médicos forenses realizan reconocimientos a las víctimas y a los agresores.
