La Fiscalía de Granada mantuvo el miércoles, en sus conclusiones finales, su petición de ocho años de prisión contra el constructor granadino José Ávila Rojas, al que acusa de cuatro delitos contra la Hacienda Pública derivados de operaciones de compraventa de dos fincas de Marbella.
El abogado del Estado mantuvo también su petición de ocho años de cárcel, mientras que la acusación particular retiró los delitos de apropiación indebida que le imputaba, presumiblemente tras llegar a un acuerdo respecto a las cantidades que reclamaba al promotor, según las fuentes consultadas por Efe.
Durante la tercera sesión del juicio, que quedó visto para sentencia, el fiscal sostuvo que Ávila Rojas, frente a lo que sostiene su defensa, actuó como "empresario inmobiliario", no como persona física, y que, por tanto, los trámites que efectuó en 2001 y 2002 estaban sujetos tanto al IVA como al IRPF. El representante del Ministerio Público consideró que "sonroja" el simple hecho de debatir si una persona como el acusado, afamado constructor, actuó o no como promotor inmobiliario porque, dijo, él mismo se definió como tal ante el tribunal.
