Había denunciado a su ex marido por malos tratos. Tenía una orden de alejamiento pero no se sentía segura. Por ello, pidió el servicio de teleasistencia móvil para víctimas de violencia de género que las permite contactar con centro de atención especializada con solo pulsar un botón, pero no se consideró que su nivel de riesgo fuera tan alto y le fue denegado. Ayer, su ex la esperó a que regresara de llevar al colegio a la hija de ambos y en plena calle de la barriada malagueña de El Palo la apuñaló mortalmente.
Es la undécima víctima de la violencia machista en lo que va de año -la cuarta en Andalucía- y la única que había denunciado, pero eso no le salvó la vida.
La colaboración ciudadana, a la que tanto apelan las instituciones para denunciar los casos de malos tratos, no logró anticiparse a los hechos pero al menos garantizó la detención del asesino, ya que fueron los vecinos de El Palo quienes lo retuvieron hasta la llegada de la Policía. El hombre, de 41 años, esperó a su ex mujer, de 37 y con la que estaba en trámites de separación, escondido en la calle Villafuerte y armado con un cuchillo y un hacha, según relataron los testigos a la Policía. Sobre las 9.20 horas de la mañana, cuando su ex volvía de dejar a la hija de ambos, de 5 años, en el colegio, salió de su escondite y la mató.
Frente a la tradicional llamada de las administraciones públicas a denunciar para que se puedan poner en marcha las medidas de protección, la muerte de ayer dejó a los responsables políticos sin argumentos en este sentido. Así, el propio ministro de Interior y vicepresidente primero del Gobierno, Alfredo Pérez Rubalcaba, reconoció que "hay algo que ha fallado". La consejera andaluza de Igualdad, Micaela Navarro, también reconoció que "una orden de alejamiento se puede romper en segundos" y reivindicó el uso de medidas alternativas de protección como la teleasistencia móvil para las víctimas o las pulseras para los agresores (por orden judicial) e instó a los jueces y los agentes encargados de evaluar el riesgo a no minimizarlo y a extremar las precauciones.
Se da la circunstancia de que la mujer asesinada ayer solicitó la teleasistencia móvil el pasado 22 de julio pero le fue denegada el 4 de agosto, según reconoció la directora del Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer del Ayuntamiento malagueño, Gemma del Corral. Los ayuntamientos gestionan este servicio aunque es una comisión de seguimiento, dependiente de la Federación estatal de Municipios y del Imserso, quien valora el riesgo para concederlo o denegarlo. En este caso, se denegó porque se consideró que el riesgo era bajo, ya que al separarse la víctima se trasladó desde Antequera, donde vivía con su ex marido, hasta la capital malagueña.
Esta decisión fue cuestionada ayer por la consejera de Igualdad al señalar que "para los agresores no hay límites geográficos ni de ningún otro tipo, sino que cuando tienen esa intención, la llevan a cabo en cualquier momento". Según Navarro, este nuevo caso de violencia de género debe servir para que "se extremen las precauciones" y demuestra que "el que se esté viviendo en una ciudad diferente no tiene por qué suponer que el nivel de riesgo ha bajado". Precisamente, ayer, el ministro de Interior suscribió con el presidente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), Carlos Dívar, un convenio para incorporar a este órgano al sistema integral de seguimiento de los casos de violencia de género.
Aunque Rubalcaba reconoció que habrá que analizar qué ha fallado, también reivindicó que en dos años se han hecho 600.000 evaluaciones de riesgo y actualmente
hay 100.000 mujeres en la base de datos de Interior que reciben apoyo de policía, jueces, fiscales y servicios sociales especializados.
Desde la Junta, la consejera Navarro recuperó una idea que se barajó en el Gobierno para que los datos de los condenados por malos tratos se hicieran públicos.
