El nuevo decreto de ordenación del territorio, aprobado ayer en Consejo de Gobierno, reducirá la distancia legal para edificar pisos junto a un cementerio hasta los 50 metros de anchura, dejando una franja «libre de toda construcción, que podrá ser ajardinada». Hasta ahora esa «zona de protección» que separaba un camposanto de las viviendas u otros edificios del núcleo urbano era de 200 metros, pero la nueva legislación establece que ese margen incluso podrá «reducirse o eliminarse de forma justificada, previo informe de evaluación de impacto en salud de la consejería competente.
El decreto que se aprobó este martes ordena, recopila y actualiza varias normas sobre planeamiento urbanístico. Este punto, en concreto, viene a sustituir al artículo sobre los Requisitos de emplazamiento de cementerios recogido en un decreto mucho más antiguo (2001). Desde la Consejería de Medio Ambiente aclararon ayer que «los nuevos sistemas de enterramiento evitan problemas de salubridad», lo cual ha permitido acercar la distancia de protección, e incluso eliminarla, dejando que las viviendas estén pegadas al camposanto si la ordenación urbanística del municipio así lo contempla. Entre los requisitos para ubicar cementerios, también es llamativo que «los terrenos deben ser permeables».
En realidad el nuevo decreto tiene un alcance mayor, puesto que el objetivo principal de la Junta es simplificar los complejos trámites burocráticos que deben pasar los ayuntamientos para aprobar sus PGOU (Plan General de Ordenación Urbana). En la actualidad hay 557 municipios que están tramitando sus PGOU, embarrados en un procedimiento que requiere de sucesivos informes sectoriales y que puede prolongarse entre seis y ocho años de media. El nuevo mecanismo aspira a reducir ese tiempo hasta el año o año y medio, siendo más atractivo para posibles proyectos empresariales o inversiones interesadas en el municipio. Con esta modificación reglamentaria, la Junta ha dado el primer paso en su estrategia de «rescatar» la construcción, un sector responsable de 600.000 parados andaluces. La consejera de Medio Ambiente, María Jesús Serrano, insistió ayer en que el Ejecutivo andaluz no quiere volver al modelo de edificación del pasado, sino a una fórmula «sostenible». «Queremos demonizar la especulación, no la construcción», aclaró. Medio Ambiente también va a revisar el desarrollo reglamentario del planeamiento en la LOUA (Ley de Ordenación Urbanística de Andalucía), y el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía (POTA). Este último, que data de 2006, limita el suelo disponible para viviendas en los municipios. Pero muchos municipios andaluces ya tenían aprobado su PGOU antes de que existiera el POTA, y su planeamiento urbanístico no está, por tanto, adaptados al marco legislativo general. Serrano explicó ayer que será necesaria una «reflexión para integrar los planeamientos urbanísticos aprobados con anterioridad al POTA para integrarlos dentro de dicha normativa». En estos municipios el crecimiento urbanístico previsto (programado, sectorializado o en cualquier otra fase del proceso) es mayor del que permite la ley, pero sus PGOU se hicieron de acuerdo a la norma vigente entonces. La Junta estudiará en qué municipios se da ese conflicto legal y «buscará una fórmula distinta para cada caso».
Entre otras novedades, el texto establece la creación de las Comisiones Provinciales de Coordinación Urbanística. Estos órganos, que actuarán en sus ámbitos territoriales como cauces únicos de cooperación con los municipios en la tramitación del planeamiento, integrarán y armonizarán los informes preceptivos que hasta ahora emitían por separado las diferentes consejerías de la Junta.
