Más de 500 vecinos de viviendas ilegales de las urbanizaciones Las Minas y San Benito de Castilblanco de los Arroyos tienen la gran oportunidad de regularizar la situación de sus hogares en el futuro Plan General de Ordenación Urbana (PGOU). Los vecinos tendrán hasta el próximo junio para acogerse a un convenio con el Consistorio que les ofrece la posibilidad de que su vivienda cumpla con la ley.
El alcalde de Castilblanco, Segundo Benítez (PSOE), explicó a Europa Press que se ha entregado el convenio a los propietarios, que tendrán que decidir antes del 30 de junio "si están dispuestos a asumir la firma" del mismo, que implica el abono de un aval de unos 3.000 por cada 1.500 metros cuadrados aproximadamente. De esta forma, el Ayuntamiento pretende "buscar una fórmula para contar con garantías de que lo que se está haciendo en el papel se va a llevar a cabo y que luego van a aportar las cantidades necesarias para la instalación de los servicios generales".
"La gente sabe lo que hay que hacer, la hoja de ruta está marcada", apuntó Benítez, quien reconoció que es un proceso "muy complejo" al tratarse de "una extensión grande con circunstancias variopintas", donde además "tiene que encontrarse la conexión con el casco urbano".
Asimismo, destacó que este proceso de legalización emprendido por el Ayuntamiento de Castilblanco de los Arroyos es "pionero" y señaló la conveniencia de ir "de la mano de la Junta de Andalucía" para contar con su respaldo cuando el nuevo PGOU, cuyo documento de aprobación definitiva pretenden tener listo para su aprobación antes de finales de este año, tenga que someterse a su dictamen.
En esta línea, señaló que el problema de las urbanizaciones ilegales de Las Minas y San Benito es "gravísimo", por lo que están "intentando darle la vuelta y convertir esa zona en un motor de desarrollo". Es más, confió en que se produzca un "efecto llamada" cuando los primeros propietarios empiecen a firmar los convenios. No obstante, advirtió de que "no se puede premiar a quienes no firmen el convenio, no se trata tampoco de castigarlos", pero se enfrentarían a la tesitura de que quedarían en suelo no urbanizable y expuestos a la ley, a expensas de alguna actuación por parte del Ayuntamiento, la Junta o el Seprona.
Por otro lado, Benítez agregó que en el caso de la urbanización Sierra Norte, cuya situación es distinta por tener aprobado el plan parcial desde 1996, también se están dando pasos en favor de su próxima regularización. En este sentido, precisó que el promotor se ha comprometido con el Ayuntamiento a la entrega de los documentos de planificación requeridos para poder concederle la licencia y que termine de ejecutar el plan de urbanización pendiente para estas viviendas.
