La solución a la difícil situación económica de Mercasevilla se aprobará el próximo jueves en el consejo de administración que va a abordar una serie de medidas para evitar la disolución de la empresa pública. Finalmente, el Ayuntamiento y Mercasa -empresa estatal- va a asumir una ampliación de capital que rondará los 1,5 millones de euros para paliar la deuda de Mercasevilla, de unos 14 millones de euros.
Ésta no será la única medida a la que se le dará el visto bueno el próximo jueves, sino que, según informaron fuentes municipales, está previsto que se apruebe una reducción del capital social -es la cuantía que los socios aportan para la creación de una empresa y que en Mercasevilla asciende a más de nueve millones de euros- al mínimo legal permitido. Para poder realizar esta maniobra económica, la empresa tendrá que ser disuelta técnicamente, para luego proceder a la citada reducción. El siguiente paso, sería la aprobación de la ampliación del capital.
La inyección económica a Mercasevilla será asumida en función del porcentaje de participación de los socios de la entidad. De esta forma, el Ayuntamiento tendría que aportar unos 800.000 euros, mientras que Mercasa debería sumir el resto, unos 700.000 euros. A partir de ahí, la empresa iniciaría un plan de saneamiento, que supondría un drástico recorte en gastos, que ya ha comenzado después de que los trabajadores hayan decidido renunciar a un 1% de la subida salarial prevista para este año. El sueldo debía aumentar un 2,5% anual, aunque tras la decisión de la plantilla será de un 1% este año y un 1,5% el siguiente.
La situación de la empresa es realmente crítica, ya que a la crisis económica se añade el proceso judicial en el que se encuentra inmersa y que dio lugar a que se destaparan las irregularidades en la gestión. Fue una grabación en la que supuestamente el ex director general Fernando Mellet y su entonces adjunto Daniel Ponce reclaman una comisión a los empresarios del Grupo La Raza la que sacó a la luz pública la verdadera situación de Mercasevilla. La investigación judicial también cuestionó la operación de la venta de suelos a la promotora Sando por más de cien millones, lo que está siendo objeto de una intensa investigación, en la que ya hay más de una decena de imputados por la juez.
Fue entonces cuando se decidió encargar una auditoría a la empresa Deloitte, que detectó una deuda que asciende a 14 millones de euros, y que había que solventar antes de final de marzo para evitar la disolución. El agujero se debe en gran parte a los 9 millones de euros del ERE previsto en la empresa, sobre el que la Consejería de Empleo ya ha dejado muy claro que no se va a hacer cargo. Las cuentas revelaron una deuda de 1,5 millones de euros de pérdidas de 2008, pese que hasta entonces se creía que había un beneficio de 258.024 euros. De ejercicios anteriores procedía una deuda arrastrada de 856.000 euros, mientras que en el primer trimestre de 2009 las pérdidas se elevaron en otros 280.000 euros. A esto hay que sumar el agujero de 1,3 millones de euros detectados en la Fundación Mercasevilla, ya disuelta, y los 1,8 millones en multas por la tenencia de inmaduros.
Unas deudas que no fueron detectadas en las auditorías anteriores realizadas por la empresa Pricewaterhousecoopers, contra la que se está estudiando emprender acciones judiciales. La entidad ha negado tener conocimiento de su informe de 2008 y ha atribuido el desfase de las cuentas a que los gestores de Mercasevilla le hayan podido ocultar la información real.
En el consejo de administración del jueves también se abordará la salida del actual director gerente de la entidad, Jordi Maymó, que llegó a Mercasevilla en mayo de 2009 tras la salida de Mellet. En su lugar se aprobará la designación del actual subdirector, Juan Carlos Recio, tras el acuerdo alcanzado entre los dos socios de gobierno. La idea es que sea una persona de dentro la que asuma el timón de la empresa, sobre la que continuará como consejero apoderado el delegado de Convivencia y Seguridad Ciudadana, Alfonso Mir.
