Todo comenzó con una grabación. Una cinta que desveló irregularidades y "corrupción" en la gestión de Mercasevilla y que sirvió de hilo conductor hasta llegar a la macrocausa de los expedientes de regulación de empleo fraudulentos. Hoy se constituirá el jurado, compuesto por once hombres y mujeres, que tendrán que juzgar la primera rama del caso Mercasevilla, la de las comisiones ilegales, por la que se sentarán en el banquillo el exdelegado provincial de Empleo Antonio Rivas, el exdirector general de la lonja Fernando Mellet, su adjunto Daniel Ponce y la exdirectora de proyectos de la Fundación Mercasevilla Regla Pereira. El lunes será el turno de sus declaraciones.
Fueron los dueños del grupo hostelero La Raza, empresa que por cierto es la encargada del catering para el jurado, quienes grabaron y destaparon un supuesto intento de cobro de comisiones ilegales a cambio de hacerse con la gestión de la escuela de hostelería que Mercasevilla quería abrir en sus instalaciones. Mellet y Ponce supuestamente les reclamaron 300.000 euros, más otros 150.000 euros para acondicionar la instalación eléctrica, después de que la Consejería de Empleo otorgarse una subvención de 900.000 euros para el proyecto. Una grabación que, especialmente el exdirector general, ha intentado invalidar por vulnerar sus derechos fundamentales incluso ante el Tribunal Constitucional y hasta se querelló contra los empresarios por grabarle sin su permiso. Es la prueba fundamental y será escuchada en la vista.
En el juicio, salvo Pereira, todos se enfrentarán a penas de prisión, aunque la Fiscalía, la única de las cinco acusaciones que no reclama cárcel, sólo ha solicitado multas de 900.000 euros, y 21 meses de inhabilitación para el ejercicio de cargo público. El fiscal considera que el "cerebro" de toda esta trama es Rivas, pese a que la propia jueza Mercedes Alaya, que investigó el caso, aseguró en su auto de apertura de juicio oral que contra el mismo hay "indicios débiles". Sin embargo, considera que "tras conocer la subvención de 900.000 se puso en contacto con Fernando Mellet y, de común acuerdo, con el fin de obtener un lucro ilícito, decidieron exigir una comisión de al menos 300.000 euros". Una decisión en la que "aceptaron colaborar" tanto Ponce como Pereira. Para ello, según el Ministerio Público, emplearon "el falso argumento" de que las cantidades solicitadas no eran para ellos, sino que se trataba de una "colaboración con la Junta" que, a cambio, les haría otros favores como más subvenciones en proyectos futuros o la concesión de catering. "La Junta colabora con quien colabora", se oye decir en la grabación.La jueza, en cambio, en sus autos va más allá y no sólo ve un posible enriquecimiento personal, sino que asegura que esta comisión podría ser para ellos, "para Mercasevilla, para la Junta, o para el partido que gobierna", es decir, el PSOE, hablando incluso de financiación ilegal.
Así, recuerda que los directivos "hacen constantes alusiones" a que la comisión "obedece al comportamiento habitual de la Junta, incluso deslizando sutilmente una supuesta financiación ilegal del PSOE cuando dicen: o será para carteles de Felipe González, pero yo me creo que es para los niños saharauis". Alaya asegura también que se trata de "un claro ejemplo de corrupción".En una línea similar se expresa el PP, que ejerce la acusación popular, que considera que fue Rivas el que "influyó" en la Consejería de Empleo para lograr la subvención de 900.000 euros para la escuela, "con el ánimo de posteriormente solicitar recompensa a los empresarios en contraprestación". Además, también cree que fue él quien llamó a Mellet "para decirle que tenía que pedirles una contribución voluntaria para la Junta". Por ello, reclaman un año de prisión para ambos, 3,6 millones de multa y 13 años de inhabilitación.
Por el contrario, para el PSOE la participación de Rivas en los hechos no está acreditada, ya que su nombre sólo aparece en las declaraciones que Mellet y Ponce realizaron ante la Policía al inicio de la investigación. Los socialistas recuerdan que la propia jueza admite los "indicios débiles", por lo que no presentan acusación contra él. Para Mellet y Ponce reclaman dos años de prisión.
El lunes los acusados podrán ofrecer su versión, en un juicio que puede durar toda la semana.
