El informe policial sobre la supuesta venta fraudulenta de los terrenos de Mercasevilla a Sando no halla indicios de delito en la actuación del consejo de administración y de la comisión ejecutiva, pero sí múltiples irregularidades que le conducen a afirmar en sus conclusiones que tras el concurso público hay “una especie de adjudicación directa a favor de la empresa Sanma”. El expediente, al que tuvo acceso este periódico, apunta entre otras dos irregularidades. Por un lado, la denunciada ayer por el PP: Sando donó de golpe 246.000 euros a la fundación que debían tener un “carácter finalista” y cuya utilización no ha logrado determinar la Policía Judicial. Por otro lado, no existe una relación directa entre los criterios empleados para la puntuación de las distintas ofertas y en ningún caso se escoge la propuesta más rentable para la empresa pública.
La primera de estas irregularidades se enmarca dentro de la operación de adjudicación del derecho de opción de compra sobre los terrenos de Mercasevilla. Entre las condiciones del contrato se incluye una colaboración con la fundación, que se establece finalmente en 30.000 euros anuales durante cinco años. La Policía no halla referencia alguna a esta exigencia en los contratos, por lo que inicia una investigación que revela que la empresa llega a abonar 246.000 euros en dos pagos –mayo y octubre– a la fundación. “Se puede inferir que estas ayudas debían tener carácter finalista, pero no hay en los ejercicios 2006, 2007 y 2008 documentación en los archivos que pueda relacionar directamente las ayudas y las actuaciones”. Esto sirve de base al PP para denunciar un nuevo delito societario que se incluirá en la querella anunciada hace varias semanas y que está sólo a la espera de la conclusión de la auditoría.
La segunda irregularidad, además del establecimiento de cláusulas que la juez considera irregulares en el concurso, se basa en un informe externo encargado por la Policía Judicial al Colegio de Economistas de Sevilla que recoge las siguiente conclusiones: “Debemos descartar que del pliego de condiciones se deduzca el sistema de puntuación, y debemos rechazar que el sistema de puntuación se corresponda con la propuesta más rentable”.
Estas afirmaciones contrastan con el informe de uno de los imputados: el vicesecretario de Mercasevilla, Jorge Piñero, quien expuso al consejo de administración y a la comisión ejecutiva que “las valoraciones efectuadas se ajustan al pliego de condiciones y que aunque exista una oferta económicamente superior la baremación es correcta”.
Las conclusiones son contundentes: hay adjudicación directa a Sando y una conducta arbitraria de la administración.
