La Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial ha sancionado al juez Rafael Tirado con una multa de 1.500 euros por falta grave. Por una mayoría de tres a dos, los vocales se han decantado por el informe del instructor y no por el de la Fiscalía, que recurrirá, al igual que el magistrado.
Nervios y mucha incertidumbre era lo que se respiraba ayer en los pasillos de los juzgados de Sevilla. Tanto el titular del Juzgado de lo Penal número 1, Rafael Tirado, como sus funcionarios trataban de que la jornada de ayer fuera lo más normal posible. El juzgado celebró las vistas que le correspondía y la actividad era la de un día corriente. Sin embargo, en el fondo no lo era. Muchos de los abogados y compañeros del magistrado incluso preguntaban a la prensa si ya se conocía la decisión de la Comisión Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y las horas se debieron hacer eternas para el magistrado, visiblemente afectado por la presión social, política y mediática de la que está siendo objeto en los últimos meses.
Poco antes de las dos de la tarde se conocía el resultado: falta grave y sanción de 1.500 euros para el juez por desatención al no ejecutar la sentencia que condenaba a dos años y nueve meses de prisión al presunto asesino de Mari Luz por haber abusado de su hija. Casi al mismo tiempo que la noticia llegaba hasta los medios desplazados a los juzgados, la conocía Tirado a través de un fax del CGPJ en el que únicamente constaba la resolución. Reunido en su despacho con uno de sus abogados, rápidamente el juez le comunicó la decisión de recurrir la sanción ante el pleno del Consejo porque, "no cometió ninguna conducta que pueda ser sancionada", explicó su letrado Alfonso Martínez Escribano.
Rafael Tirado rompió así el silencio que "por respeto a la familia" (la de la pequeña Mari Luz) y "a los órganos que tenían que decidir, para que lo hicieran con absoluta independencia", a través de su abogado, quien anunció además que el juez comparecerá en los próximos días para leer un comunicado en el que dejará claras sus alegaciones, en las que explicaba "los detalles de esa ejecutoria y de las otras 3.000 que ha tenido que resolver en dos años".
Martínez Escribano quiso dejar muy claro que el magistrado "no es responsable ni directa de indirectamente de la muerte de una persona", pues incidió en que lo que dilucidaba ayer la Comisión era "la responsabilidad en el retraso de la ejecutoria" y no del resultado "que se le imputa", es decir, la muerte de la niña de Huelva. "El punto de partida es equivocado", sentenció Martínez Escribano.
Así, explicó que Tirado "no está contento porque lo ocurrido es un trágico suceso que ha desencadenado en esto" por lo que recurrirá la pleno del CGPJ, para lo que tiene un mes hasta que le sea notificada la resolución completa. De esta forma, será casi con toda seguridad el nuevo Consejo el que tenga que decidir sobre la sanción de Tirado. Una circunstancia que según el abogado no debe afectarle negativamente, pese a que los vocales son en su mayoría progresistas, "porque tienen la misma independencia". En el caso de una resolución desfavorable para el juez, éste tendría la posibilidad de recurrir la decisión al Tribunal Supremo.
Fiscalía. Por otro lado, la Fiscalía General del Estado también dejó muy claro ayer por la tarde -ya por la mañana el ministro de Justicia, Mariano Bermejo, daba por seguro que así sería-, que va a recurrir la sanción por falta grave a Tirado. Y es que el Ministerio Público, al contrario que el juez instructor, propuso elevar la sanción a falta "muy grave", penada con una suspensión de hasta tres años, traslado forzoso o incluso apartarle de la carrera judicial, tal y como solicitaba la familia de Mari Luz Cortés. Sin embargo, el fiscal no especificó en ningún momento la sanción que merecía la infracción, sino que lo dejaba a juicio de la Comisión Disciplinaria. Una postura que ha sido criticada tanto por los letrados del juez como por algunos círculos judiciales.
No obstante, si finalmente la sanción hubiera sido por falta muy grave, el informe hubiera sido remitido de nuevo al instructor para que adecuase su calificación. Una vez rectificada, la nueva propuesta debería haber pasado al pleno del Consejo, que sería finalmente el encargado de decidir la sanción para el magistrado.
tres votos a dos. Lo que sí está claro es que la decisión de la Comisión ha sido muy ajustada, pues de los cinco vocales que la componen, tres han votado a favor de la sanción grave -los vocales Carlos Ríos, Juan Pablo González y Agustín Azparren-, frente a dos que se han decantado por la muy grave, precisamente, las dos vocales de la minoría progresista Montserrat Comas y María Ángeles García.
Tras la reunión, Comas defendió que en el momento en que Santiago del Valle no acudió al primer requerimiento del juzgado, Tirado debería haber dictado orden de busca y captura "y no más de dos años después de la sentencia, como sucedió".
La presidenta de la Comisión, admitió que si bien el juez Tirado inició la ejecutoria de la sentencia "no acordó durante toda la tramitación su ingreso en prisión". No obstante, reconoció que el magistrado no es el único responsable, pues hubo "errores, pasividades y negligencias", que se produjeron "en cadena" por parte del funcionario y secretario judicial encargado de la tramitación de la ejecución de la sentencia, pero subraya que el juez "es el último responsable de que las sentencias se ejecuten en sus propios términos". Por último, insistió en que la resolución "no es definitiva".
