Cataluña quiere sancionar con multas de hasta 10.000 euros a las empresas públicas y privadas que no emitan en catalán las facturas, presupuestos, contratos, publicidad y resguardos, entre otros documentos. Así lo establece el proyecto de ley del código de consumo en Cataluña. Ayer el Parlamento autonómico acordó la tramitación con los votos del tripartito y CiU, y la oposición de PP y el grupo mixto.
La normativa garantiza el respeto de los "derechos lingüísticos" de los consumidores catalanes, que tienen el derecho a ser atendidos oralmente y por escrito por parte de empresas públicas y privadas en la lengua que deseen.
Desde las filas populares, la diputada Eva García expresó el rechazo a este proyecto de ley, que ahora empieza su tramitación parlamentaria, y se preguntó si el Govern ha estudiado el "coste" que significará para las empresas catalanas que puedan ser denunciadas por el hecho de no tener su sistema informático en catalán. Las sanciones se considerarán leves, con un importe máximo de hasta 10.000 euros, aunque, en el caso de las empresas que reincidan o que no abonen las sanciones, se considerarán graves, con una multa de entre 10.001 y 100.000 euros.
