La Junta aprobó ayer el reglamento de disciplina urbanística, un texto pionero en España que permitirá a los ayuntamientos ordenar derribos inminentes de viviendas manifiestamente ilegalizables sin necesidad de esperar a una sentencia judicial. El documento, que refuerza las competencias municipales en la prevención, vigilancia y castigo de las ilegalidades, será una guía práctica y clara para que los consistorios sepan cómo actuar en cada caso concreto. Debe ser un "punto y final" para que "nunca más" se produzcan situaciones tal flagrantes como la de Marbella, aseguró el consejero de Vivienda y Ordenación del Territorio, Juan Espadas.
Lo más novedoso es que habilita la fórmula del derribo exprés para construcciones que se asientan, por ejemplo, en un parque natural. El alcalde debe tener lista la resolución de demolición en menos de un mes -se acorta el plazo en once meses- y el derribo no puede demorarse más allá de los dos siguientes meses. Si el ayuntamiento no actúa, lo hará la Junta.
Además, el reglamento involucra a los colegios profesionales, registradores de la propiedad y empresas de suministro, antes al margen, en la detección de ilegalidades. Deberán intervenir y dar la voz de alarma, por ejemplo, si dudan de la legalidad de una obra. De esta forma se podrían haber evitado capítulos como los de Marbella, donde muchos compradores de buena fe no encontraron obstáculos a la hora de inscribir su casa o de recibir luz o agua.
En los casos donde es imposible tirar las viviendas ilegales -no se incluyen ahí los derribos exprés- se impondrá el principio de cumplimiento por equivalencia, es decir, se exigirá al infractor una indemnización económica o la cesión de terrenos al municipio. Lo que deja muy claro el texto es que incumplir la legalidad saldrá muy caro. Se incrementarán las multas si la sanción y el coste del derribo se sitúan por debajo del beneficio económico que haya obtenido el infractor. En el caso de las parcelaciones ilegales, las multas no podrán ser inferiores al 150% del beneficio logrado. No obstante, hay reducciones del 50% para quien pague en el plazo fijado.
protesta de extranjeros. Mientras se aplica el reglamento, la asociación Save Our Homes Axarquía, integrada por extranjeros con viviendas irregulares, ha convocado para hoy una manifestación en Málaga contra los abusos urbanísticos en Andalucía y contra la Junta. Piden poner fin a los derribos de sus casas.
