Casi el centenar de vistas orales por diferentes delitos urbanísticos en Marbella que aún están pendientes, podrían no llegarse a celebrar si finalmente cuajan las negociaciones que mantienen la Fiscalía de Málaga y las defensas de los ex ediles del Ayuntamiento implicados en estas causas.
El objetivo del "convenio tácito" entre el Ministerio Público y las defensas es "agilizar" los procedimientos judiciales que quedan por celebrarse y evitar un colapso de los juzgados.
Pablo Luna, el letrado de uno de los ex concejales imputados, Rafael González, explicó: "Empezamos una serie de conversaciones para el bien de todos, entre ellos la administración de justicia, por el exceso de trabajo que puede significar la cantidad de juicios pendientes". A esto añadió que se trata de "aceptar de alguna manera una pseudoacumulación de procedimientos", que ya han reclamado anteriormente "porque pensamos que hay que verlos de una sola vez".
Según fuentes judiciales consultadas, el acuerdo supondría ahorrar la celebración del juicio oral en todos los casos ya que se llegaría a una conformidad de las penas entre las partes. Fuentes de la Fiscalía indicaron, en cualquier caso, que la petición de prisión es cuestión "innegociable" y se seguirán solicitando penas de cárcel, aunque en las conversaciones se determinará el tiempo de ésta. Las fuentes añadieron que existe una limitación legal en cuanto al cumplimiento de penas en delitos conexos que es del triple de la máxima impuesta.
Distinción entre los casos. Luna indicó que las conversaciones con la Fiscalía "están en sus comienzos" y que habrá que hacer distinciones entre los casos de licencias y los de convenios y también entre las personas que ya están condenadas y las que no, por lo que precisó que "no va a ser un trato único e igualitario".
En el juicio celebrado ayer ya se pudo contemplar "la primera manifestación pública" de esta negociación, aseguró el abogado. En la sesión contra Julián Muñoz y otros siete ex ediles por la concesión de la licencia de obra a la empresa Laelco Inversiones para construir 89 apartamentos y garajes sobre suelo urbanizable situado en la zona de Guadalpín.
El pacto se tradujo en una sentencia firme, ya que ninguna de las partes la recurrirá, que condena a Muñoz y a dos ex ediles al pago de 10.800 euros de multa, y al resto a seis meses de cárcel que no tendrán que cumplir si en los próximos tres años no cometen algún delito. Unas penas que sustituyeron a las inicialmente pedidas por el Ministerio Público que eran de dos años de prisión para casa uno de los acusados. La Fiscalía dijo que la sustitución de la multa por la prisión que se dio en la sesión de ayer fue "excepcional".
