Ninguno de los 40 funcionarios judiciales en prácticas pendientes de incorporarse ha elegido como destino los juzgados de lo Penal. La causa: la sobrecarga de trabajo, la falta de medios y, ahora, el caso Mari Luz, por cuyo efecto han pedido el traslado hasta los que ya trabajan en estos destinos.
Encontrar a un funcionario titular en un juzgado de lo Penal es casi como dar con un parisino en la torre Eiffel. Estos órganos son la bestia negra de las jurisdicciones desde hace años como consecuencia de la sobrecarga de trabajo que soportan. Y por si fuera poco, el caso Mari Luz ha sido el detonante para que los futuros funcionarios rehúyan de esta jurisdicción casi como de la peste. De los 40 que están en prácticas a la espera de incorporarse en su destino definitivo, ninguno ha elegido plaza en alguno de los 13 juzgados de lo Penal.
Estos funcionarios concluyeron el pasado jueves las prácticas por las diferentes jurisdicciones, que iniciaron hace dos meses. En este tiempo han enviado al Ministerio de Justicia sus preferencias de destino, entre las que, según ha podido conocer el sindicato CSI-CSIF, no están los juzgados de lo Penal. Los destinos se conocerán, previsiblemente, en julio y "al haber más plazas ofertadas que opositores es casi seguro que a lo Penal no irá ningún funcionario", señala el delegado de Justicia del sindicato en Sevilla, Miguel Ángel Ramos.
A esta circunstancia se une el hecho de que los pocos titulares que hay en la plantilla de estos órganos -compuesta por unas 100 personas, sin contar jueces y secretarios- se han acogido en su gran mayoría al concurso de traslado que se publicó el 4 de abril en el Boletín Oficial del Estado (BOE). En el mismo, los funcionarios con más de dos años de antigüedad pueden solicitar un cambio a una de las plazas que se ofertan para toda España y que, en el caso de Sevilla, son 39. La sobrecarga de trabajo, la elevada responsabilidad de los temas que tratan, el no cobrar las horas extras ni ningún plus -como ocurre en otros órganos- hacen que el personal acabe marchándose, con el resultado de que el 68% de la plantilla es interina.
A esta situación desbordante se ha unido la presión que la sociedad ha ejercido sobre estos juzgados tras el caso de Mari Luz. La famosa sentencia sin ejecutar de su presunto asesino, Santiago del Valle, y el expediente abierto al juez y a la secretaria de Penal 1 han sido para muchos la gota que ha colmado el vaso y que les ha impulsado a marcharse. El número exacto de funcionarios de lo Penal que han reclamado un cambio de ubicación se desconoce hasta que se publiquen las listas provisionales, pero serán unos cuantos.
Entre las plazas que han salido a oferta para el traslado en Sevilla, hay cuatro para los penales -el 7, el 6 y el 12- que, muy probablemente, se quedarán desiertas y seguirán siendo cubiertas por interinos. El resto, 35 plazas, son en su gran mayoría para los órganos que se crearon en 2007 -los juzgados de lo Contencioso-Administrativo 9 y 10, y el de Violencia sobre la Mujer número 4-.
preferencias. Para los funcionarios, uno de los destinos más apetitosos son los juzgados de Violencia y los de Instrucción, donde aunque también gestionan gran cantidad de asuntos, la plantilla cobra un plus de más de 200 euros por cada guardia, que suelen ser tres o cuatro cada mes. En el caso de los de Violencia también existe un plus mensual por sobrecarga de trabajo. En el Registro Civil y en el Servicio de Notificaciones y Embargos se disfruta igualmente de bonificaciones.
