La reunión ayer del ministro de Justicia, Mariano Fernández Bermejo, y los representantes de las cuatro grandes asociaciones de la judicatura española no ha impedido que se mantenga la convocatoria de huelga prevista este próximo 18 de febrero, pero sí ha servido para que los jueces cedan en parte de sus pretenciones y para que el Gobierno haga un gesto presupuestario para contentar al colectivo de togados. Los magistrados han decidido aparcar sus reivindicaciones salariales (reclamaban un aumento del 5% previsto en la negociación, en 2003, de su anterior tabla salarial), una decisión encaminada a recuperar crédito ante los ciudadanos, en su mayoría muy críticos ante la solicitud de un incremento de sus sueldos en plena crisis. Bermejo, entretanto, ha prometido la dotación de un fondo de 20 millones que se añadiría a las partidas destinadas a la modernización de la Justicia y el desarrollo de un sistema telemático para el intercambio de información entre el Estado y todas las comunidades, algo por lo que claman los jueces de todo el país y cuya ausencia es inexplicable en una sociedad que ha incorporado internet a su vida cotidiana. Aún restan por negociarse aspectos clave como el resolver quién se hace cargo de los señalamientos de los juicios o la puesta en marcha de la nueva oficina judicial, pero salvo que la negociación se tuerza en las próximas reuniones, sí que se han dado pasos efectivos para llegar a una solución acordada entre las partes en conflicto. O, al menos, para una tregua que tiene en realidad más adeptos que la propia convocatoria del paro, que sólo han ratific ado el 20% de los jueces del país. Tanto el Gobierno como los jueces saben que la huelga les perjudicaría a uno y otro. Al Ejecutivo porque certificaría que el embrollo judicial le ha superado y que no tiene apenas capacidad de maniobra para reconducir la situación y a los jueces porque aumentaría su descrédito ante la ciudadanía.
