La Federación Andaluza de Municipios y Provincias (FAMP) se reunió ayer en Antequera, en representación de los 771 alcaldes andaluces, para decidir cómo se van a bajar los sueldos. Cómo lo van a hacer ahora, de inmediato, en consonancia con el plan de contención del déficit público que ha aprobado el Gobierno, que obliga a recortar la nómina de los funcionarios públicos entre un 0,56 y un 7%. Pero, sobre todo, para pactar una política de topes salariales que zanje uno de los debates que más daña la imagen de la política: el abultado sueldo de los políticos, de los regidores. Lo hicieron fijando por primera vez en España el límite máximo que puede cobrar un alcalde, en función del número de habitantes del municipio donde gobierna.
¿Cómo se eligieron esos topes? Mirándose en el espejo de la Junta. La FAMP propuso una tabla de equivalencias, de manera que el alcalde de una ciudad de más de 500.000 habitantes no podrá cobrar más que un consejero de la Junta: 68.630 euros al año (tras los recortes aplicados por el decreto aprobado el martes pasado). El regidor de Málaga, Francisco de la Torre, perdería más de 10.000 euros en su nómina actual. El de Sevilla, Alfredo Sánchez Monteseirín, cobraba más de 100.000 euros sumándose las dietas, pero el pleno municipal de la semana pasada suprimió esos pluses, y su salario se quedó en 59.900, de modo que "ha sido más exigente consigo de lo que planteamos nosotros", dijo ayer el presidente de la FAMP, Francisco Toscano. Los alcaldes de municipios de entre 500.000 y 100.000 habitantes cobrarán, como máximo, como un viceconsejero (64.092,43 euros). El regidor popular de Huelva, Pedro Rodríguez -el que más cobra de Andalucía- vería reducida su nómina en 33.000 euros. Pasadas las elecciones, ningún alcalde podrá ya cobrar más que el presidente José Antonio Griñan y que ninguno de sus consejeros.
En el cómputo general, esta estrategia de recortes afectaría más a los alcaldes del PP que a los de otras fuerzas políticas, porque ellos gobiernan en casi todas las capitales, con mayor población, y por tanto, mayor exigencia de ahorro. Quizá por eso, la portavoz del PP en la FAMP y alcaldesa de Marbella, Ángeles Muñoz, decidió abstenerse en la votación de la iniciativa, que fue respaldada por el resto de los partidos políticos (PSOE, IU y PA). Muñoz quiso limitarse a aplicar en Andalucía los recortes que ya se hacían en el resto de España (por recomendación de la FEMP), pero a los demás grupos les pareció que "no se podía maquillar el debate, quedándonos cortos".
La FAMP acordó una doble propuesta, una inmediata y otra, la de los topes salariales, que no entrará en vigor hasta pasadas las elecciones municipales de 2011. Los nuevos regidores aprobarían sus salarios y los de sus concejales -ninguno cobrará más del 90% del salario del alcalde- en el primer pleno, donde se constituye la corporación local. Esta medida no se pensaba poner sobre la mesa hasta septiembre, como explicó ayer Toscano a este periódico, pero el decreto de reducción salarial de los funcionarios lo adelantó. Al PP, que fue el partido que abrió la baraja del recorte salarial, le pareció demasiado precipitado, y optó por reservarse el voto a espera de poder consultarlo con la cúpula de su partido. "Lo importante de esta medida es el valor significativo para el ciudadano. Teníamos que dignificar el servicio público, porque al final, a la mayoría de los municipios andaluces, que son pequeños o medianos, no les supondrá un ahorro significativo para sus arcas", comentó ayer Toscano.
La FAMP quería resolver el oscurantismo de los sueldos en los ayuntamientos. "Es mucho más transparente hablar de una horquilla de salarios que de porcentajes", decía ayer el regidor de Dos hermanas. Pero esta medida, que deberán asumir todos los ayuntamientos y partidos políticos, no empezará a aplicarse hasta 2011. Hasta entonces, la FAMP ha aprobado otra propuesta más inmediata para que los alcaldes que ahora mismo están cobrando por encima del límite fijado en la medida de los topes salariales, se recorten el salario entre un 7 y un 15%. El porcentaje de reducción en sus nóminas dependerá de cuánto estén por encima del tope permitido. Si necesitan rebajarse un 3% para estar por debajo, aprobarán un 3%. Si necesitan un 15% y ni siquiera así logran estar por debajo del límite que establece la FAMP -previsiblemente el alcalde de Huelva-, "entonces se lo bajarán un 15% ahora y otra vez tras las elecciones de 2011". "Esta propuesta es más equitativa para los pequeños y más dura para los grandes", reconoció el presidente de la FAMP.Para los alcaldes que ahora cobran menos de lo que fijan los topes, la FAMP pide una reducción de entre el 0,56 y el 7%, equivalente a la que se haya aplicado a los funcionarios de la misma corporación. Así no se dañará a los sueldos más limitados. También hay una alternativa: los alcaldes que quieran se pueden acoger a la propuesta de la FEMP (la federación estatal), con reducciones del 0,25 al 15%.
