El Gobierno andaluz cerró ayer sus posiciones ante la inminente reforma de la Política Agraria Común (PAC) -Bruselas ya ha fijado el próximo 12 de octubre para presentar sus propuestas- y lanzó un aviso sobre cuáles serán sus líneas rojas. La consejera de Agricultura, Clara Aguilera, sentenció que mantener los 1.600 millones anuales en ayudas directas que han recibido los agricultores y ganaderos andaluces en el actual marco es un requisito "imprescindible". "No permitiremos que haya fuga de euros hacia otros países de la UE ni tampoco fuga de euros a ninguna otra comunidad", avisó Aguilera. El Gobierno andaluz reclama además plenas competencias para la gestión de los próximos fondos y rechaza frontalmente la llamada "tasa plana", que supondría repartir de forma homogénea según, por ejemplo, hectáreas.
El Gobierno andaluz, que ya en marzo llevó este debate al Parlamento andaluz y logró arrancar un posicionamiento unánime de todos los grupos políticos en defensa del cheque europeo para la agricultura andaluza, anunció que volverá a llevar este tema a la Cámara. El escenario ahora es distinto. La campaña política hace subir la confrontación electoral, aunque la Junta negó que utilice ahora un tono más "agresivo" en sus reivindicaciones ante el posible cambio de Gobierno en Madrid. Lo que sí dejó claro Aguilera es que buscarán que el PP andaluz se retrate en este debate en el que Andalucía tiene intereses contrapuestos a Castilla y León, con un Gobierno del PP. "Ahora el señor [Javier] Arenas tendrá que elegir trinchera", aseguró Aguilera.
Según los datos que ofreció la Junta, Andalucía es la comunidad española que maneja más fondos europeos (1.600 millones anuales en ayudas directas que afectan a más de 260.000 ganaderos y agricultores). Le sigue de Castilla y León, con 900 millones al año.
