La investigación sobre el fraude en los cursos de formación para parados y trabajadores sin cualificación, pagados por la Junta entre 2007 y 2013, se saldó ayer con los primeros doce detenidos en las provincias de Málaga (ocho) y Granada (cuatro, dos en Guadix y dos en Albolote). Entre los arrestados hay responsables de las empresas organizadoras de los cursos de formación, incluidos dos policías locales y el gerente de una escuela de hostelería dependiente de la Junta. Se desconoce aún si hay funcionarios de la administración implicados, personal adscrito a la Consejería de Empleo, que era el departamento que otorgaba las ayudas para cursos, y a los que la Fiscalía de Málaga señaló para que declarasen como imputados.
La operación ha sido llevada a cabo por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía, a instancias del fiscal jefe de Málaga, Juan Carlos López Caballero, que hace un mes anunció que los hechos investigados podían constituir delitos de prevaricación, tráfico de influencias, fraude de subvenciones, estafa y falsedad documental. El origen de la llamada Operación Edu se circunscribe a las supuestas irregularidades detectadas, hace un año, en 20 empresas de Málaga que percibieron subvenciones para cursos.
En paralelo a la instrucción judicial, la Consejería de Educación, responsable ahora de la gestión de estos cursos, abrió una investigación interna de todos los expedientes de ayudas otorgados a empresas, ayuntamientos y sindicatos en los últimos siete años (si antes hubo fraude, ya ha prescrito). Se están estudiando 8.505 expedientes de subvenciones entre 2007 y 2013, de los cuales 1.728 ya se han revisado. La Junta ha solicitado el reintegro de 56 ayudas no justificadas debidamente. Cuatro son reclamaciones en firme, el resto aún están en periodo de alegaciones. El consejero de Educación, Luciano Alonso, eludió ayer responder cuántos expedientes más se han investigado desde que ofreció estos datos en el Parlamento, y cuántos le ha reclamado el juzgado que instruye el caso. «No se lo digo porque está bajo secreto de sumario y la juez no me autoriza», afirmó, aunque la causa no se encuentra bajo secreto ahora. Fuentes de la Guardia Civil afirman que serían unos 2.000 expedientes los que han salido de la consejería hacia el juzgado.
2.000 millones. El fondo presupuestario del que salía el dinero para financiar los cursos (32D) ascendió a 2.326 millones las ayudas que se han otorgado desde 2007, pero la Junta sostiene que las irregularidades son puntuales, y que el fraude no se extiende a todo el fondo. Fuentes de la investigación advierten de que, por ahora, las irregularidades detectadas en Málaga y Almería ascenderían a 40 millones.
La Fiscalía Anticorrupción empezó a estudiar el caso en mayo de 2013, y hace unos meses instó al Juzgado Decano de Málaga a investigar la causa. Un informe de la Policía se detuvo en una resolución del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en la provincia malagueña, de 15 de diciembre de 2010, donde se hacían públicas subvenciones otorgadas a 20 personas físicas y jurídicas por un importe total de 1,7 millones de euros. Entre las irregularidades, la Policía mencionaba el incumplimiento generalizado de contratación, la «práctica de caza de subvenciones por algunas empresas beneficiarias», y la falta de experiencia y de solvencia en la formación de personas y entidades que recibieron las ayudas. Destaca el caso de un mismo beneficiario que obtuvo subvenciones a través de varias entidades suyas por valor de 14,6 millones.
La Policía ha interrogado ya a 300 personas, cuyos nombres aparecen en el listado de alumnos de los cursos del SAE. Entre los delitos, se distinguen los cometidos por los perceptores de las ayudas, y la supuesta falta de control y fiscalización del dinero público que permitió el fraude. En el primer caso figura la falsedad en documentos, la acreditación de asistencia a los cursos de ciertos alumnos, y la suplantación de personalidad de determiandos tutores o gastos producidos. En el segundo caso, se incluye la falta de capacitación de ciertas entidades para la Formación Profesional, el incumplimiento del compromiso de contratación o la «absoluta falta de control» de la ejecución de los cursos. La Fiscalía ha derivado el caso a juzgados de varias provincias andaluzas, donde se ha detectado un modus operandi similar. En Sevilla será la jueza que instruye los ERE, Mercedes Alaya, quien asuma la causa.
