Hace hoy ocho meses, la Junta de Andalucía advirtió oficialmente al Ayuntamiento de que algo ocurría en Mercasevilla. Había una grabación, dos voces que pedían una comisión a empresarios. Lejos de ser un hecho aislado, como se defendió al principio, hay ya siete imputados y una decenas de personas ha tenido que declarar.
Aquel aviso desmontó una imagen trazada de Mercasevilla como una empresa con una gestión intachable e hizo que un tal Fernando Mellet, un gerente aplaudido por el Gobierno municipal, y en ocasiones por la oposición, que había dejado a la empresa con beneficios, se situase en el epicentro de un terremoto político e institucional que aún no ha concluido. El seísmo ha hecho desestabilizarse al Ayuntamiento, a la Gerencia de Urbanismo, a la Consejería de Empleo y al PSOE, en parte gracias a una dura campaña del PP que ha querido convertir este caso en el Gürtel andaluz de los socialistas.
Durante dos meses, el caso permaneció oculto. La investigación quedó en manos de la fiscal jefe, María José Segarra, a quien la Junta entregó la grabación en la que los dos dirigentes de Mercasevilla, Fernando Mellet y Daniel Ponce, solicitaban el pago de 450.000 euros como condición para acceder a una subvención de la Consejería de Empleo para una escuela de hostelería. Parte en un maletín, parte como transferencia a la Fundación Mercasevilla.
El Ayuntamiento se movió con sigilo. Quizá con demasiado. Aunque el alcalde solicitó el cese de Mellet el 13 de febrero, en el consejo de administración del 17 se le deja irse entre aplausos y alegando una dimisión por motivos familiares. En el caso del segundo implicado en esas conversaciones, Daniel Ponce, su salida se retrasó ocho meses. Hasta el pasado viernes. El silencio hizo a los pocos miembros Gobierno local que conocían lo ocurrido acostumbrarse a su máscara de tal forma que cuando un edil del PP, Gregorio Serrano, aludió en un Pleno a que en Sevilla se pedían comisiones a los empresarios, se llevaron las manos a la cabeza y fueron capaces de aprobar un escrito en la Junta de Gobierno amenazando con reprobar al edil si no se retractaba.
Y en abril, hace seis meses, estalló todo. El caso se difundió, y se abrió la caja de Pandora. La reacción del PSOE de expulsar a los dos implicados quedó invalidada por su retraso y por el silencio que se mantuvo durante dos meses. La fiscal empezó por mirar hacia la Delegación de Empleo, a quien Mellet aludió en sus declaraciones. Y su titular, Antonio Rivas, tuvo declarar ante la Policía Judicial. Aún hoy sigue imputado. La fiscal sabía hacia donde apuntaba. Buscaba "el destino último del dinero", y señaló a la Consejería de Empleo de tal forma que fueron requeridas todas las subvenciones concedidas a Mercasevilla y se revisaron los dos ERE aprobados por la Consejería de Empleo a la empresa, que no fueron para recortar plantilla, sino como plan de rejuvenecimiento. Empleo reitera que al ser pactados con el comité su participación fue prácticamente un formalismo. El problema es que se hace alusión a los ERE en la grabación.
El trabajo de la fiscal lo interrumpió el PP al formalizar su denuncia ante el Juzgado, preocupado por la lenta evolución del caso y por la falta de transparencia de un proceso con una enorme rentabilidad política. La juez siguió donde lo había dejado la fiscal. Consejería de Empleo, subvenciones, la Fundación Mercasevilla, y un nuevo frente que emergía en el primer de la jueza y que se convirtió en un proceso aparte: la mayor operación económica realizada por Mercasevilla por la concesión del derecho de opción de compra de los terrenos por más de 100 millones de euros. Es una operación diseñada desde el PGOU, que determinó donde se reubicarían las instalaciones, pero liderada por Mercasevilla.
¿Qué relación había entre las grabaciones y esta operación? La Fundación. Prácticamente todos los implicados en la operación de venta donaron dinero a la Fundación, un gesto que estaba incluido como obligatorio en el pliego de condiciones. Sando, la empresa adjudicataria, donó 246.000 euros entre 2005 y 2006.
La auditoría encargada a Deloitte confirmó las sospechas: la fundación tenía un agujero de un millón de euros y había múltiples irregularidades en la gestión de la empresa, desde pagos con Visa sin justificar hasta viajes a Vietnam, pasando por una beca aislada a una estudiante sin concurso público alguno. El Ayuntamiento acabó acordando el cierre de la fundación anunciado en su arranque como una de las grandes apuestas sociales municipales.
La llegada de la investigación a la venta del suelo a Sando marcó un punto de inflexión. Se inició un goteo de imputados y de declaraciones que puede que no haya hecho más que empezar sobre todo tras la última declaración de la jefa de servicios de Vía Pública, María Victoria Bustamante. Ella, el vicesecretario de Mercasevilla, Jorge Piñero y el técnico José Antonio Ripollés ya están imputados en un proceso que ha provocado incluso un registro de la base de datos de Urbanismo y la acusación de Bustamante de haber recibido "presiones". El presidente y el vicepresidente de la entidad entre 2005 y 2006, Gonzalo Crespo y Antonio Rodrigo Torrijos, ya han sido requeridos por la Policía y se prevé que de forma inmediata el proceso arrastre también a otro nombre vinculado a Mercasevilla y a la Gerencia de Urbanismo: Domingo Enrique Castaño. Esta semana puede ser clave. Mañana testifican los técnicos del concurso, y la Policía ya ha tanteado a cargos políticos como Ponce y Torrijos, y a quien el PP quiere situar como centro: Castaño.
