La jueza Mercedes Alaya ha acelerado esta semana la instrucción de la macrocausa de los ERE, que investiga el fraude en los expedientes de regulación de empleo pagados con fondos públicos. La apertura del sumario, el lunes pasado, ha dejado al descubierto casi 11.000 folios de la investigación de los últimos seis meses. Pero el caso parece estar lejos de cerrarse. Basta decir que, una vez abierto los expedientes, la Junta a través de la agencia IDEA, órgano que autorizó las ayudas supuestamente ilegales los sindicatos CCOO y UGT, el despacho de abogados Garrigues y las defensas de las aseguradoras Vitalia y Uniter han remitido informes y escritos a la jueza rebatiendo algunas de las sospechas que vierte sobre ellos la Guardia Civil en el sumario. En el caso de los sindicatos, a los que se acusa de haber percibido 7,6 millones de euros en sobrecomisiones ilegales por su participación en la tramitación de ERE fraudulentos, ha sido la propia Fiscalía Anticorrupción la que ha pedido a Alaya que investigue la contabilidad de CCOO y UGT factura a factura.
Alaya ha abierto el sumario y ha dejado en libertad al principal imputado, Javier Guerrero, exdirector general de Trabajo, una semana después de que el TSJA y el Consejo General del Poder Judicial le reprocharan el retraso de las cuatro macrocausas que instruye y el tiempo que llevaban algunos imputados esperando a declarar (tres años y medios en el caso Mercasevilla). Antes había sido Anticorrupción la que alertó de que el retraso en la investigación podría hacer que algunos delitos prescribieran. El pasado 9 de mayo, antes de que se levantara el secreto de sumario, la Fiscalía volvió a presionar a la jueza, remitiéndole un escrito para quejarse de la tardanza en la notificación de autos durante el periodo en el que el caso ha estado bajo secreto sumarial, informa Europa Press. La finalidad del escrito es hallar una lógica respuesta a algo que se ignora, a saber, por qué un auto de 2 de abril se empieza a notificar el 22 de abril. La nota de Anticorrupción sorprende por su dureza, con un tono más cortante que el empleado por el TSJA y por el Poder Judicial: Se trata de un tema importante máxime si recordamos que estamos dentro de la tramitación procesal de una pieza secreta, en donde el fiscal es la única parte con acceso a su contenido, acceso que se vería de modo inadmisible coartado si se producen tal tipo de tardanzas o retrasos en la notificación de las resoluciones que son inmediatamente ejecutadas por la oficina judicial, reza el escrito.
La Fiscalía se queja de que el retraso de Alaya en la tramitación de estos autos es más grave porque en ellos se adoptó la decisión de bloquear las cuentas de varios imputados. Además reprocha a la jueza que no haya incorporado algunos escritos del fiscal al sumario. Entre la fecha impresa del auto de 2 de abril, por el que se adoptan las medidas de bloqueo de productos bancarios y financieros de los imputados, y la fecha real de notificación (23 de abril) se cruza un escrito de esta Fiscalía del 8 de abril, cuyo contenido guarda estrecha relación con dicho auto, dice, pero que extrañamente no está en el sumario, y sí lo están los escritos de las partes que son posteriores a la notificación del fiscal.
Ésta es la tercera vez consecutiva que una autoridad le recrimina a Alaya el retraso en la instrucción. Pero en esta ocasión, la jueza responde. En una providencia del pasado 29 de mayo, día en el que se anunció el levantamiento del secreto del sumario, Alaya responde a la Fiscalía que no se aprecia en modo alguno el retraso o demora importante alegado en las notificaciones que señala el Ministerio Público, todo ello al constar en autos que desde que se dicta la resolución hasta que se notifica no existen más de 12 días hábiles, entre los cuales se encuentra incluida la Feria de Sevilla [del 15 al 21 de abril], semana en que es práctica habitual en estos juzgados el procurar evitar las notificaciones de resoluciones de fondo. Con ello, continúa Alaya, el fin es no perjudicar a las partes con plazos y términos que difícilmente pudieran cumplir en días festivos, por lo que podemos decir que se ha notificado al Ministerio Fiscal en apenas una semana desde su dictado, debiéndose recordar que su notificación se hizo no sólo de dicha resolución, sino de otras varias resoluciones aparte de ésta relativa al bloqueo de productos bancarios y financieros. La jueza también recuerda que su juzgado, a petición de la Fiscalía, intenta localizar personalmente a los fiscales Anticorrupción adscritos para informarles personalmente.
En el sumario // La jueza trata de demostrar que todas las ramificaciones de la trama ERE están interconectadas: la rama política, que gira en torno a la Consejería de Empleo y de Guerrero, cuya firma permitió que el dinero de las ayudas sociolaborales saliera sin control por cauces no regulados; la rama de los intermediadores, donde juega un papel esencial el exsindicalista y conseguidor de los ERE, Juan Lanzas, y también las aseguradoras y consultoras, como Vitalia y Unitar, que cobraban sobrecomisiones millonarias por gestionar los ERE; y finalmente el entramado de empresas hacia donde se desviaron los fondos, donde se blanqueaba el dinero. La trama se ha saldado por ahora con un expolio a las arcas públicas de 1.400 millones durante diez años. Lo que resulta más difícil de ver en el complejo y voluminoso sumario es esa misma interconexión entre las pesquisas de la Guardia Civil, las declaraciones de los imputados, los registros domiciliarios y el desencriptado de ordenadores de los sospechosos. Por eso algunos de los imputados y otros que no lo están pero sobre los que se vierten dudas se han sorprendido esta semana al ver sus nombres en el sumario, y han remitido escritos a Alaya preguntándole por qué no se ha contrastado la información con ellos. Luego están las aparentes contradicciones internas del sumario, por ejemplo, que el secretario de Política Municipal del PSOE y exconsejero de la Presidencia durante 13 años, Gaspar Zarrías, aparezca como culpable de meter intrusos en los ERE a través de su amistad con Lanzas (en la declaración del exchófer de Guerrero, Francisco Trujillo), aunque un informe de la Guardia Civil asegura no encontrar vínculos entre Zarrías y el conseguidor.
La jueza amenaza con multar a las partes que filtren datos a los medios El Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, encargado de la causa sobre los expedientes de regulación de empleo (ERE) fraudulentos tramitados por la Junta de Andalucía, "deducirá los testimonios correspondientes para depurar las posibles responsabilidades penales cuando se tenga la más mínima sospecha de las fuentes de las presuntas filtraciones" a los medios de comunicación mientras la causa ha estado declarada secreta.
Así lo advertía la titular del Juzgado, Mercedes Alaya, en un auto dictado el pasado 14 de mayo en respuesta a un escrito presentado por el Ministerio Público en relación a la existencia de filtraciones de las actuaciones judiciales secretas publicadas en medios de comunicación y en el que defiende que el secreto de las actuaciones, ya levantado tras decretarse en noviembre de 2012, "está resultando realmente eficaz" y está "salvaguardando todas las garantías procesales".
En dicho auto, al que ha tenido acceso Europa Press, Alaya traslada en primer lugar que "deberá recordarse personalmente a todas las partes la vigencia del secreto, el deber y obligación de reserva y, en su caso, las consecuencias penales del incumplimiento de este deber procesal, de conformidad con el artículo 466 del Código Penal", que prevé "penas de multa de 12 a 24 meses e inhabilitación especial para empleo, cargo público, profesión u oficio de uno a cuatro años para el abogado o procurador que revelare actuaciones procesales declaradas secretas por la autoridad judicial".
POR PARTE DEL JUZGADO "NO HA HABIDO DIFUSION ALGUNA A LOS MEDIOS" En este sentido, la magistrada añade que "este juzgado decidirá los testimonios correspondientes para depurar las posibles responsabilidades penales cuando se tenga la más mínima sospecha de las fuentes de estas presuntas filtraciones" y deja claro que tiene la "seguridad" de que "ni del personal tramitador de este expediente ni de esta instructora ha habido difusión alguna a los medios de comunicación".
A este respecto, Alaya señala que "se requerirá al Ministerio Fiscal para que especifique las concretas filtraciones y los medios a través de los cuales puede reforzarse el secreto de las actuaciones, teniendo en cuenta que a las partes que han declarado se les ha notificado sus respectivos autos de medidas cautelares, así como entregada copia de sus declaraciones".
En cualquier caso, la juez subraya en el auto que el secreto de las actuaciones "está resultando realmente eficaz, salvaguardándose, como no podía ser de otro modo, todas las garantías procesales", todo ello "con independencia de que puedan existir ciertas informaciones, gran parte de las cuales pueden deducirse del contexto o las circunstancias, o ser fruto de la propia labor de investigación periodística, sin sobrepasar los límites antes citados o ser pura invención de los medios".
