En todos los casos, los que han infringido la ley deberán restablecer el orden jurídico perturbado, es decir, demoler las construcciones ilegales y volver a dejar los terrenos como estaban antes de la actuación. Para que se inicien estas actuaciones, el Ayuntamiento ha dado un plazo de entre una semana y 20 días, todo ello sin detrimento de las multas que supone el incumplimiento de la ley -el 10% del valor de las obras realizadas y en todo caso como mínimo 600 euros-.
Una de las construcciones ilegales está en la zona de Gandul, donde el Consistorio ha ordenado devolver a su estado original un rebaje de terreno para la extracción de albero que se detectó en la carretera de Las Canteras.
También se ha instado a demoler una construcción de estructura metálica con cerramiento para uso industrial que se había levantado en la finca Los Adaines, en la carretera Sevilla-Utrera, cuando estos suelos están calificados en el PGOU como suelo no urbanizable común. Además, se considera no legalizable tanto por la calificación del suelo como por estar a menos de 2.000 metros del núcleo urbano.
Igualmente, han pasado por pleno otros cuatro expedientes referidos a obras en la carretera de Torreblanca-Mairena, donde se han detectado construcciones de carácter residencial cuando dichos suelos están calificados como suelo urbanizable programado con uso industrial, por lo que son ilegalizables.
