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Otro día clave para el futuro Betis

Se dirime en el Juzgado de lo Mercantil si las medidas cautelares contra Lopera se mantienen aun en el caso de que la jueza Alaya las levante.

el 28 jun 2012 / 20:55 h.

Manuel Ruiz de Lopera, en otra visita a los juzgados.
El Juzgado de lo Mercantil número 1 de Sevilla, sito en el edificio Noga, acoge esta mañana una cita breve pero importante, al menos para el futuro del Betis. Delante del juez Eduardo Gómez, el mismo que ha supervisado el concurso de acreedores del club verdiblanco, se verá la primera parte de la demanda civil que le discute a Manuel Ruiz de Lopera la propiedad de 30.689 de sus 55.350 acciones. El trámite en cuestión es la admisión o rechazo de una solicitud clave de los demandantes: la continuidad de las medidas cautelares que mantienen al máximo accionista alejado de la gestión del club desde que así lo impuso la jueza Mercedes Alaya en el caso de que la magistrada, responsable del Juzgado de Instrucción número 6, considere que sus propias medidas ya no tienen vigencia, las levante y ponga fin a la administración judicial del club.

El día, por tanto, es fundamental para los demandantes, diecisiete accionistas del Betis que ya lo eran en 1992, durante la conversión del club en sociedad anónima deportiva, un proceso cuya legitimidad es puesta en duda por esta acción jurídica. Si el juez les da la razón en esta pieza de su demanda, Lopera seguiría lejos del club aunque Alaya revocase sus medidas cautelares. Si rechaza la petición, Lopera estaría en su derecho de retornar a Heliópolis en el caso de que la magistrada levantase la suspensión que pesa sobre él desde el verano de 2010, poco después de la presunta venta de su paquete accionarial al empresario Luis Oliver.

"El juez debe resolver las cuestiones esenciales antes de entrar en el fondo del procedimiento", explica Adolfo Cuéllar, miembro de la Liga de Juristas Béticos y demandante. Será uno de los abogados que acudan hoy al juzgado para oír lo que dice la defensa de Lopera, de nuevo en manos del bufete Montero-Aramburu, ya que por parte de los denunciantes no se pueden aportar más pruebas de las presentadas en la demanda. Los otros abogados que comparecerán ante el juez Gómez serán Manuel Serrano, componente de Béticos por el Villamarín, y Javier Romero Martínez-Cañavate, que es quien ha firmado la demanda civil. El resto de demandantes no tienen por qué asistir, ya que es una cita más técnica que otra cosa, sólo para letrados. También estarán los del Betis, ya que el club está incluido como demandado. Incluso la administración concursal es parte de este proceso, que está en el juzgado desde la última semana de mayo.

En teoría, esta parte del procedimiento se resolverá en un plazo muy breve. No hoy, por supuesto, ya que el magistrado deberá sopesar los argumentos de la defensa y de los demandantes, pero se espera que en poco más de una semana haya dictamen al respecto. Luego se verá la demanda en sí, con una trascendencia enorme. Si prospera, Lopera perderá el 31,38% del capital social del Betis. O puede que más, ya que los reclamantes sospechan que no sólo no pagó esas 30.689 acciones, sino más. De acuerdo con sus cálculos, el exdirigente se quedaría con menos del 19%. En ese supuesto, el Betis tendría que convocar una especie de ampliación de capital para cubrir la porción que ahora pertenece a Lopera y que, en caso de perder la demanda, se quedaría sin propietario.

La lista de demandantes es extensa. Están en ella Francisco Galera, hijo del expresidente Hugo Galera Davidson; Emilio Soto, portavoz de Béticos por el Villamarín; béticos vinculados a la Fundación Heliópolis, como su presidente, Miguel Cuéllar, e Ignacio Ayuso, Luis Morón, Juanma Rufino, Juan Salas, Ricardo Díaz o Raúl de la Peña, este último miembro de Amigos del Centenario; y varios ex de Por Nuestro Betis, como Íñigo Vicente o Francisco Javier Rodríguez.

El soporte básico de la demanda es el conjunto de autos en los que la jueza Alaya da por cierto que Lopera no pagó lo que asegura haber pagado por las miles de acciones que suscribió a su nombre durante la conversión del Betis en SAD. Esos títulos supuestamente se pagaron con un crédito suscrito por el club con las cajas de ahorro que Farusa se comprometió a amortizar en unos plazos que incumplió.

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