El informe de impacto de género que todos los años elabora la Consejería de Economía y Hacienda en paralelo al Presupuesto andaluz lo dice claro: hay cuatro consejerías que no cumplen la Ley del Gobierno porque no tienen una relación proporcionada de hombres y mujeres entre sus altos cargos, como establece esta norma pionera en toda España. Se trata de los departamentos de Empleo (Antonio Fernández), Agricultura y Pesca (Martín Soler), Vivienda y Ordenación del Territorio (Juan Espadas) y Obras Públicas (Luis García Garrido).
¿Tendrán que acatar la ley por las malas? Por el momento, no. El vicepresidente primero del Gobierno andaluz, Gaspar Zarrías, fue ayer rotundo al defender que la paridad no es una mera directriz sino una ley que tiene que cumplirse sin medias tintas y "desde el primer día". Pero en sus planes no entra obligar a los consejeros a hacer cambios en sus equipos para ajustarlos al mandato legal en igualdad de género. "Seguiremos poniendo en marcha políticas y nombramientos que permitan que se cumpla la obligación de paridad para resolver los conflictos, respondió el vicepresidente. La consecuencia: que los consejeros que se han resistido a equiparar la presencia masculina y femenina compensen en adelante el desequilibrio nombrando a mujeres. Pero el margen de maniobra se ciñe sólo a los relevos que se produzcan.
El informe elaborado por Economía desvela que hay otra asignatura pendiente en el sector público: tan sólo 4 de las 25 empresas públicas estudiadas tienen una mujer al frente.
