El presidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, Lorenzo del Río, propusó ayer que la jornada reivindicativa prevista por los jueces para el 18 de febrero -las juntas de jueces deciden hoy si se queda en movilizaciones y se pospone la huelga para el 26 de junio- consista en abrir las puertas de los juzgados a la sociedad y que en vez de que los jueces salgan a la calle sean los ciudadanos los que entren en las sedes judiciales para que vean "el día a día y cómo se trabaja en los juzgados para que saquen sus propias opiniones".
Lorenzo del Río, que es portavoz de la Asociación de Jueces Francisco de Vitoria, una de las convocantes de las movilizaciones, confió en que "antes de la huelga anunciada para junio haya un calendario político que permita subsanar cualquier reticencia ciudadana", añadió.
Junta y fiscal. En Sevilla se reunieron ayer la consejera de Justicia, Evangelina Naranjo, y el Fiscal Superior de Justicia de Andalucía, Jesús García Calderón, en el marco de la Comisión Mixta de coordinación creada esta legislatura entre ambas instituciones.
Ambos rehusaron opinar sobre las juntas de jueces de hoy y las posibles movilizaciones del sector. No obstante, al valorar las reuniones periódicas de la comisión, García Calderón dejó traslucir su apuesta por el diálogo por encima de otros métodos. "Todos somos conscientes de las necesidades de la administración de justicia y justamente por eso, la solución es lo que hacemos hoy, reunirnos y analizar la situación", subrayó.
La consejera de Justicia -que ha mantenido tensas relaciones con los jueces por sus denuncias de falta de personal y medios- afirmó "no tener nada que decir" respecto a las juntas previstas y alegó que los jueces "son responsables de sus acciones y decisiones en su marco competencial". Sobre la petición del PP para celebrar un debate monográfico en el Parlamento andaluz sobre la situación de la Justicia, alegó "no tener ningún problema".
Sobre las peticiones de la Fiscalía para la comisión, García Calderón se refirió a profundizar en la especialización, a las necesidades de espacio y de nuevas herramientas informáticas que faciliten el tratamiento estadístico de los datos sobre criminalidad.
