La Fiscalía de Sevilla pedirá mañana cinco años de cárcel para un hombre, con condenas anteriores por estafa, que presuntamente compró dos coches con documentación falsa y luego no pagó las mensualidades del préstamo.
El escrito de acusación, al que ha tenido acceso Efe, dice que el acusado A.C.T., de 54 años, se presentó a principios de septiembre en un concesionario de Citroen en Sevilla y se interesó por un modelo Xsara, que presuntamente era para un amigo.
Unos días después acudió de nuevo al establecimiento con una documentación que le había facilitado el padre del verdadero titular y también acusado A.M.U., aunque no consta que el interesado tuviese conocimiento de tales maniobras.
Los acusados se comprometieron a pagar el coche en 60 mensualidades pero solo abonaron las siete primeras, precisa el fiscal.
Utilizando un sistema similar, pero con la documentación de la esposa del acusado A.M.U., consiguieron que les entregaran otro vehículo del que solo pagaron los primeros siete vencimientos de los 60 a que se habían comprometido, según la Fiscalía.
En el juicio que celebra mañana la Audiencia de Sevilla, el fiscal imputa a los acusados un delito continuado de estafa y solicita para cada uno cinco años de cárcel, así como la devolución de las cantidades que dejaron de pagar.
En abril pasado, la Audiencia de Sevilla condenó a A.C.T. a tres años y 10 meses de cárcel por estafar a la Seguridad Social 345.139 euros dando altas y bajas ficticias a trabajadores en empresas inexistentes.
El condenado reconoció en la Sección Cuarta de la Audiencia de Sevilla haber utilizado diez empresas sin actividad de Écija (Sevilla) y su comarca para dar de alta a 32 personas que en realidad no hicieron ningún trabajo, pero que de esta manera lograron cobrar prestaciones de incapacidad laboral, desempleo e invalidez.
El juicio, por tanto, no se celebró y los jueces le condenaron a tres años y 6 meses de cárcel por estafa y a otros cuatro meses de cárcel como sustitución de una multa de 810 euros.
Según los hechos reconocidos, el acusado actuó "de común acuerdo" con los trabajadores beneficiados, que entre 1991 y 1997 le entregaron a cambio "una cantidad variable" de dinero.
