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Piden 8 años de cárcel para la ex alcaldesa de Aguadulce por dar una licencia ilegal a tres naves

La Fiscalía asegura que la acusada actuó, pese a que previamente el arquitecto municipal y la secretaria municipal le habían advertido de que era necesario un proyecto previo y la autorización de Obras Públicas.

el 16 sep 2009 / 01:27 h.

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La Fiscalía ha pedido nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para cargo público para la ex alcaldesa de Aguadulce (Sevilla) Isabel Ortiz Fernández (PSOE) por conceder una licencia "manifiestamente ilegal" para la ampliación de tres naves en un suelo no urbanizable.

El escrito de la Fiscalía de Urbanismo y Medio Ambiente, al que ha tenido acceso Efe, explica que la ex alcaldesa concedió el 19 de octubre de 2006 la licencia, pese a que previamente el arquitecto municipal y la secretaria del Ayuntamiento le habían advertido de que sólo podía hacerlo con un proyecto de actuación previo y con la autorización de la delegación provincial de Obras Públicas.

"Pese a esas advertencias, la acusada, consciente de la ilegalidad de su proceder, sin recabar el proyecto de actuación ni los informes sectoriales", autorizó la licencia solicitada.

Se trataba de unas obras de ampliación de tres naves destinadas a una granja de engorde de pavos situada en el paraje "El Pozuelo", donde según el fiscal no se cumplían las distancias mínimas exigidas de 500 metros respecto a otras instalaciones.

El sucesor en la alcaldía, Joaquín Benítez (IU), dictó la paralización de los trabajos el 21 de noviembre de 2007, tras acceder al cargo y ser informado de las irregularidades, según el fiscal.

En consecuencia, afirma el fiscal, la acusada "concedió la licencia sin analizar el contenido de un proyecto de actuación urbanística que ni siquiera existía, sin recabar informes sectoriales que eran imprescindibles antes de la licencia y contra el criterio manifestado por los técnicos incluso el mismo día de conceder la autorización manifiestamente ilegal".

En el juicio que se celebrará en los próximos meses, una vez calificado el caso por la defensa de la ex alcaldesa, el fiscal solicitará para ella nueve meses de cárcel y ocho años de inhabilitación para todo cargo o empleo público.

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